La Fiscalía acusó al destituido presidente Alberto Fujimori de enriquecimiento ilícito, peculado y otros cargos al detectar un desbalance patrimonial de 372 millones de dólares. Por su parte, el Congreso lo acusó en relación con un pago secreto a su ex jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
El ex mandatario enfrenta ya dos procesos penales, uno por abandono de cargo e incumplimiento de deberes, y otro por homicidio calificado, desaparición forzada de personas y lesiones graves, por su responsabilidad en dos matanzas cometidas por paramilitares a inicios de su gobierno.
La fiscalía dijo que se hallaron indicios para acusar a Fujimori, al detectarse un desbalance de 372,2 millones de dólares entre sus ingresos netos de 961,000 dólares y sus egresos equivalentes a más de 373 millones de dólares. No se precisó el periodo al que corresponden las cifras.
La acusación aparentemente implica la supuesta responsabilidad de Fujimori por todos los fondos públicos que fueron extraídos ilegalmente o mal usados durante su gobierno, incluyéndose los 260 millones de dólares que fueron encontrados en bancos extranjeros vinculados con Montesinos y sus cómplices.
La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, acusó a Fujimori por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita para delinquir, contra la fe pública y peculado en agravio del Estado.
Fujimori actualmente vive en Japón y cuenta con la nacionalidad japonesa que el gobierno nipón le concedió y que lo protege de una eventual extradición. Calderón comprendió también en la acusación a 10 de sus ex ministros, "quienes habrían permitido las actividades ilícitas del ex mandatario".
Entre los actos dolosos supuestamente cometidos por Fujimori, la Fiscal señaló la simulación de una operación de compra-venta de una propiedad suya por un valor de 670,000 dólares, y el desvío de residente recibía cantidades mensuales procedentes del Servicio de Inteligencia, que dirigía Montesinos.
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