El Congreso inhabilitó ayer al destituido ex presidente Alberto Fujimori para ejercer cargos públicos durante 10 años por haber abandonado la presidencia encontrándose en Japón, donde continúa, por lo cual será denunciado ante el Poder Judicial.
Las medidas fueron aprobadas ayer en la madrugada, luego de cuatro horas de áspero y tenso debate, por 37 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones.
Mientras, decenas de manifestantes se congregaron ayer en la tarde frente a la embajada del Japón en Lima y a viva voz pidieron al gobierno de ese país que entregue a Fujimori a las autoridades del Perú para su enjuiciamento. No hubo actos violentos y la embajada declinó comentar el caso.
El legislador Daniel Estrada, presidente de una subcomisión que investigó el caso, dijo que durante la pesquisa se estableció que Fujimori incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes y de abandono de cargo.
Indicó que el ex gobernante de 62 años de edad también violó la norma constitucional que determina que el presidente debe cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Estrada dijo que, adicionalmente, Fujimori incumplió la Carta Magna que establece que quien ejerce la presidencia de la República debe "cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales".
El legislador dijo que Fujimori, cuando ocupaba el cargo de más alta jerarquía en el país, viajó subrepticiamente al Japón; y no retornó para informar de las gestiones que realizó en el exterior, como manda la Constitución.
Estrada indicó que el ex mandatario viajó repentinamente a Japón, pero con premeditación, sorprendiendo a todo el mundo, pues oficialmente enrumbó al Sultanato de Brunei, en la isla de Borneo, para participar en un foro de cooperación económica Asia Pacífico (APEC).
El legislador dijo que, según un plan de Fujimori divulgado a última hora, después de asistir a la reunión de Brunei debía viajar directamente a Panamá para llegar a tiempo a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de países iberoamericanos, lo cual no ocurrió y el ex gobernante apareció súbitamente en Tokio.
Estrada dijo que Fujimori se empecinó en viajar a Brunei y Panamá, a pesar de que con anticipación, mediante sendas resoluciones divulgadas por el diario oficial, firmadas por el presidente, se designó al entonces canciller Fernando de Trazegnies para representarlo en esos eventos.
Los legisladores fujimoristas Martha Chávez, Carmenda, María Espinoza y Luz Salgado, entre otros ex oficialistas, dijeron por separado que Fujimori no cometió ningún delito y por tanto no debía ser sancionado.
Fujimori se encuentra en Tokio desde noviembre y se niega a regresar al Perú. Desde allí renunció al cargo por carta al Congreso, que no la aceptó, y en cambio lo destituyó por incapacidad moral.
Fujimori se marchó del Perú dos meses después que el canal N de televisión por cable transmitió un vídeo donde el ex asesor de espionaje, Vladimiro Montesinos, aparece sobornando al legislador de oposición Alberto Kouri para pasarse al oficialismo, lo que ocurrió efectivamente.
La emisión de dicho vídeo desencadenó un escándalo de corrupción en los poderes del Estado, durante los más de 10 años de gobierno de Fujimori, que aun continúa ventilándose ante el estupor de los peruanos.
PERU LIMPIA ANTECEDENTES DE VIOLACIONES
Perú se comprometió a resolver más de la mitad de los 258 casos de violaciones de derechos humanos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el gobierno de Alberto Fujimori, dijo ayer el ministro de Justicia, Diego García Sayán.
"Perú batió un récord continental de casos", dijo en el programa de televisión de Worldnet, Foro Latinoamericano.
"Queremos avanzar de manera muy concreta en la solución de lo que podríamos llamar la deuda externa democrática que un gobierno democrático ha heredado de 10 años de autoritarismo", afirmó.
García Sayán dijo que los casos se acumularon debido a las graves violaciones y porque el procesamiento no contó con una "actitud constructiva" de las autoridades peruanas durante el gobierno del ex presidente Fujimori, destituido por el Congreso en noviembre.
El ministro entregó el jueves a la comisión un documento que permitiría resolver 165 casos, sea cumpliendo resoluciones ya dictadas o buscando soluciones amistosas con las víctimas, incluyendo la reparación de daños, o realizando investigaciones que no se hicieron cuando Fujimori estaba en el poder.
La comisión de la Organización de los Estados Americanos elogió la acción del gobierno interino y reconoció en una comunicado los avances en "la redefinición y fortalecimiento de las instituciones fundamentales del estado".
Contenido patrocinado
Últimas noticias
