El nuevo gobernador del estado mexicano de Chiapas anunció ayer que una comisión podrá suspender sentencias y conceder la libertad a cerca de un centenar de rebeldes zapatistas presos.
El anuncio fue recibido como otro decisivo aporte a la reanudación del diálogo de paz en ese conflictivo estado sureño, tras la salida del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país y Chiapas durante los últimos 71 años.
Pablo Salazar, amplio vencedor de una elección en agosto como candidato de una alianza opositora al PRI, asumió un inédito gobierno pluripartidario que prometió contribuir a devolver la paz al empobrecido estado.
"Mi gobierno hará todo lo que esté en sus manos para favorecer el clima de distensión que contribuya a la solución definitiva del conflicto", dijo Salazar, un ex senador del PRI, al tomar posesión del cargo ante unos 4.000 invitados, entre ellos el presidente de la nación, Vicente Fox.
Chiapas, uno de los dos estados más pobres del país junto al también sureño Oaxaca, es escenario desde 1994 de una insurrección indígena comandada por el guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).