El gobierno mexicano anunció ayer que toma el control del registro de vehículos, que operaba la empresa dirigida por el argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado en España de tortura y genocidio.
Herminio Blanco, ministro de Comercio, indicó en rueda de prensa que se decidió "tomar el control total del registro nacional de vehículos para garantizar la continuidad en la prestaccio".
Además, el gobierno debió echarse atrás y resolvió no cobrar el registro para vehículos usados, como demandaban gobernadores de diversos estados y organizaciones sociales.
El Registro Nacional de Vehículos (Renave) estaba otorgado en concesión a una empresa de la que Cavallo -preso desde el pasado 24 de agosto- era director general, cuando un periódico aseguró que había actuado como represor en su país.
Además, el pasado 6 de setiembre se suicidó un subsecretario de Comercio, Raúl Ramos, que era encargado de supervisar el Renave y había trabajado estrechamente con Cavallo.
Por ambos sucesos "la credibilidad de los propietarios de vehículos en el registro se ha deteriorado significativamente, lo que ha generado que la inscripción de autos usados haya disminuido notablemente", aseguró Blanco.
El gobierno, además, podrá "definir los mecanismos para dar por terminada la concesión" aunque por ahora, aseguró Blanco, "no hay causales para la revocación de la concesión".
Desde el 28 de agosto había una auditoría técnica en el Renave para garantizar, tras la detención de Cavallo, que el banco de datos continuaba siendo confidencial.
Mandatarios de la mayoría de los 31 estados del país, gobernados por distintos partidos políticos, habían protestado por el cobro del servicio del Renave, que inicialmente fue de 100 pesos (poco más de 10 dólares) y el 28 de agosto el gobierno redujo a 40.
