El gobierno colombiano ofreció ayer una recompensa de por lo menos 100 millones de pesos (600,000 dólares) a quien suministre información que permita rescatar a la senadora Piedad Córdoba, secuestrada por paramilitares.
El coronel Germán Jaramillo, jefe de la policía secreta colombiana, dijo que la recompensa ofrecida puede facilitar la investigación sobre el paradero de la senadora Córdoba.
"Ofrecemos mantener en secreto la identidad de quien nos entreguen la información", dijo Jaramillo en una conferencia de prensa.
Las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia secuestraron el viernes a la senadora Córdoba, protagonista de algunas de las gestiones de paz con los guerrilleros izquierdistas.
El gobierno del presidente Andrés Pastrana condenó el secuestro de la senadora Córdoba, que además representa a las minorías negras en el Congreso, y afirmó que "en ningún caso las vías de hecho o la violencia pueden condicionar determinaciones sobre asuntos de estado".
En un comunicado difundido anoche, el gobierno dijo que continuará la lucha contra los grupos paramilitares porque "constituye un mandato constitucional combatir, sin excepción, todas las formas de criminalidad y de violencia".
Esa fue la respuesta del gobierno a un comunicado del máximo líder de los grupos paramilitares, Carlos Castaño, quien ayer requirió que su grupo armado sea incluido en las negociaciones de paz emprendidas con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero Pastrana no cerró la puerta a un eventual diálogo con los grupos paramilitares, consecuente con su posición de negociar la paz con todos los participantes en la guerra, aunque por separado.
Esta posición suscitó el rechazo de las FARC, que consideran que los grupos paramilitares no pueden obtener reconocimiento político ni participar en las negociaciones de paz, porque "son hijos legítimos del estado, auspiciados y respaldados por jefes militares y algunas autoridades civiles".
El reclamo de las FARC de que el gobierno intensifique la lucha contra las fuerzas paramilitares paralizó en febrero el incipiente proceso de paz durante casi dos meses.
Dirigentes del Congreso se unieron a la condena oficial del secuestro de la senadora Córdoba, considerando una extorsión la actitud de los grupos paramilitares de respaldar sus reclamos políticos con el secuestro de la legisladora.
"El Senado no puede dejarse intimidar, y mucho menos chantaje por parte de los grupos armados al margen de la ley", dijo el senador independiente Samuel Moreno Rojas, quien propuso suspender las tareas del Congreso hasta que la senadora sea liberada.
Otros congresistas respaldaron la iniciativa del "paro legislativo", y anunciaron que el martes será sometida a estudio del Senado.
