El Gobierno uruguayo subrayó ayer que su decisión de dar asilo político al ex ministro de Defensa de Paraguay José Segovia se fundamenta en normas internacionales y reivindicó "la potestad soberana de los Estados de admitir en su territorio a las personas que juzgue conveniente".
Así se señala en un comunicado de la Presidencia de la República en el que se informa de que el presidente Julio María Sanguinetti y el ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, suscribieron ayer una resolución favorable a la petición formulada por el general retirado José Felicísimo Segovia Boltes.
El solicitante, buscado por la justicia de Paraguay por apropiación de fondos públicos, alegó ser objeto de persecución política y de amenazas, y temer tanto por su vida como por las de sus familiares.
El general Segovia fue ministro de Defensa hasta que a finales del pasado marzo se produjo la renuncia de Raúl Cubas como presidente. Está considerado una persona allegada al general Lino César Oviedo, quien también huyó de Paraguay y se encuentra asilado en Argentina.
Según el comunicado de la Presidencia uruguaya, en la resolución suscrita por el presidente Sanguinetti se señalan como fundamentos legales la Convención sobre Asilo Territorial celebrada en Caracas el 28 de mayo de 1954, en vigor entre Paraguay y Uruguay, así como un decreto del 5 de julio de 1956.
"La resolución del Poder Ejecutivo invoca asimismo la potestad soberana de los Estados de admitir en su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno", agrega el comunicado.
En declaraciones a EFE, la embajadora de Paraguay en Uruguay, Julia Velilla, dijo que sería un "antecedente lamentable" que se concediera asilo político a una persona que está procesada en su país por delitos "lisa y llanamente" comunes.
Según la embajadora, el general Segovia está acusado de "extracción de fondos públicos" por haber librado irregularmente cheques por el equivalente a 400.000 dólares a cargo de los fondos del ministerio de Defensa, antes de dejar el cargo.
El director de Asuntos Políticos de la cancillería uruguaya, José María Araneo, precisó ayer que si Paraguay solicita la extradición del general Segovia por delitos comunes, el poder ejecutivo derivará el caso a la justicia.
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