El presidente colombiano, Andrés Pastrana, suspendió anoche los contactos humanitarios que sostenía con la guerrilla guevarista del ELN para conseguir la liberación de los civiles que mantiene secuestrados (entre ellos el panameño Nicolás Pérez), después que esa agrupación admitiera que pedirá rescate económico por varios de ellos.
En una alocución radiotelevisada, Pastrana acusó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia del país, de haber "engañado a los colombianos y a la comunidad internacional".
Los rebeldes liberaron ayer a ocho de los 24 pasajeros de un avión comercial secuestrado el pasado 12 de abril en el norte del país. En poder la organización continúan, además, 39 de las casi 150 personas que capturó el 30 de mayo en un templo católico de la ciudad de Cali (suroeste).
Entre los liberados no está el panameño Pérez. Entre los que recuperaron su libertad figuran: Fernando Gutiérrez, Tatiana Gutiérrez, Oscar Bolaños, Willlian Saavedra, Liliana Saavedra, Grace Santos y Jorge Carreño.
Por otro lado, el segundo comandante de la guerrilla colombiana ELN, Antonio García, admitió que su organización cobrará un rescate económico por los civiles que aún mantiene secuestrados.
En declaraciones al telenoticiero Caracol, García justificó la decisión como la respuesta del grupo a la guerra que, según dijo, desató el presidente de la República, Andrés Pastrana, contra esa organización insurgente.
"El ELN es autónomo en realizar las operaciones que considere necesarias porque no hay un acuerdo con el Gobierno, y, si se trata de financiar la confrontación, para enfrentar una guerra que ha sido declarada e impulsada por el Gobierno, creemos que es lícito", puntualizó el líder rebelde. "Estamos en una guerra, y así como el Gobierno busca préstamos en el exterior para financiar la guerra, los cuales son pagados con los impuestos de todos los colombianos, creemos que también debemos prepararnos", agregó García, en declaraciones telefónicas desde un lugar no revelado.
El líder guerrillero acusó a la Administración de Pastrana de haberle "cerrado las puertas a la búsqueda de una solución política" y de haber "intensificado la guerra" contra la organización "en operaciones conjuntas con los grupos paramilitares de extrema derecha".
También responsabilizó al Gobierno de haber "obstaculizado" la realización de una "convención nacional por la paz", que el ELN propone como "un paso fundamental" hacia una futura negociación con las autoridades.
"Si hubiésemos desarrollado la convención nacional, este tema de las retenciones perfectamente lo hubiésemos podido discutir, analizar y buscar alternativas para el financiamiento de la insurgencia, siempre y cuando no se debilitara estratégicamente su proyecto", se quejó el jefe subversivo.
