Delegados del gobierno y la principal guerrilla colombiana se reunieron ayer, domingo para intentar "descongelar" los diálogos de paz, suspendidos en forma unilateral por los rebeldes ante el avance de las masacres de centenares de civiles en sus zonas de influencia, a manos de grupos derechistas.
Con este inesperado cambio de sede del diálogo a un punto de la zona de distensión que es mantenido en secreto, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC abrieron ayer tres días de trabajo que serán definitivos para la bloqueada mesa formal de conversaciones.
Después de varias horas de incertidumbre sobre la presencia de los portavoces rebeldes, que debían acudir a la cita en esta localidad, la delegación gubernamental fue notificada de que debía trasladarse a un lugar no hecho público del área neutral.
El Alto Comisionado de Paz del gobierno, Víctor Ricardo, dijo que el propósito de la reunión es lograr un entendimiento precisamente "para que cualquier observación que pueda surgir entre las partes se lleve a la mesa de manera directa".
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que con sus 12.000 hombres es la más poderosa de las organizaciones armadas izquierdistas, anunciaron el martes la "congelación" de los diálogos, en espera de acciones concretas del gobierno contra los paramilitares.
Los grupos de extrema derecha, asesinaron en la primera semana de enero a más de 130 civiles en poblados de influencia rebelde, en el norte, noroeste y sur del país.
Pese al "congelamiento" tanto las FARC como el gobierno, señalaron que enviarían a sus delegados al encuentro este domingo, para intentar salvar las incipientes conversaciones.
El presidente conservador Andrés Pastrana respondió además a las FARC desmintiendo cualquier tipo de complacencia oficial frente a las acciones de los pistoleros derechistas.
En apoyo de esta respuesta, el procurador general Jaime Bernal, envió a la guerrilla un informe de las acciones judiciales contra los paramilitares, incluyendo una relación de oficiales del ejército y la policía, procesados por sus presuntos nexos con las organizaciones de derecha.
La decisión del gobierno motivó el reclamo del jefe de las Auto defensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, que en un comunicado dijo que para el gobierno parece más loable "levantarse en armas para intentar destruir la nación, que oponerse a esto como lo hace nuestro movimiento".
Castaño advirtió que con el informe entregado a la guerrilla el gobierno puso "en el patíbulo a los familiares de centenares de colombianos antisubversivos".
Los delegación del gobierno, que había llegado la víspera hasta San Vicente del Caguán, debió esperar durante más de dos horas en un local de iglesia Católica en San Vicente del Caguán, antes de recibir una notificación de las FARC sobre el sitio del encuentro, para realizar el encuentro en un punto no precisado en las afueras del poblado.
San Vicente del Caguán es el más importante de los cinco municipios que comprende una zona de 42.000 km2 que el gobierno accedió a mantener desmilitarizada para facilitar los acercamientos.
Los delegados oficiales la ex canciller María Emma Mejía (del opositor partido liberal); el presidente del Congreso, Fabio Valencia; el empresario Nicanor Restrepo y el gobernador del departamento de Atlántico (norte),
Rodolfo Espinosa, se trasladaron hasta el sitio del encuentro en un vehículo todo terreno, acompañados de una escolta de las FARC.
"Consideramos fundamental seguir trabajando en la mesa de diálogo, los colombianos y la comunidad internacional que nos observan quieren que no desfallezcamos en la búsqueda de la paz", dijo Ricardo, antes de salir a la reunión, a cuyo término anunció que se emitirá un comunicado conjunto.
