El máximo organismo electoral del Perú aceptó ayer el retiro de uno de los grupos que conforman la alianza que apoya la reelección del presidente Alberto Fujimori, en medio de un escándalo de fraude electoral que un observador internacional ha pedido "investigar a fondo".
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó la salida del proceso para las elecciones del próximo mes del grupo Perú 2000, una de las cuatro organizaciones que conforman la alianza llamada también Perú 2000, que apoya a Fujimori.
Fujimori no ha sido, sin embargo, cuestionado legalmente como candidato y continúa en la contienda.
Pero, el JNE ha aceptado las renuncias del congresista oficialista Oscar Medelius, y el personero de la alianza Perú 2000, Daniel Chuan, a sus candidaturas al Congreso. Ambos fueron involucrados en la denuncia de falsificación de un padrón de hasta un millón de firmas que respaldaron la inscripción de Fujimori como candidato.
Eduardo Stein, ex canciller de Guatemala, y jefe de una misión de observadores electorales de la OEA en Perú, dijo que la denuncia de falsificación debe ser totalmente esclarecida.
"No solamente involucra a una agrupación política y su eliminación de la contienda --lo que ya se produjo--, sino que tiñe la credibilidad de todo el proceso electoral", dijo.
Pero, críticos de Fujimori consideran que el JNE y la Fiscalía -institución que tiene en sus manos la investigación de la denuncia de falsificación- están sometidos por el Ejecutivo, y dudan que se vayan a pronunciar en contra de los intereses oficialistas.
Fujimori se refirió el miércoles extensamente a la controversial denuncia y afirmó que "es interés mío y de toda la ciudadanía" que se investiguen y esclarezcan los hechos.
El gobernante, que buscará un tercer periodo en las elecciones, contraviniendo la Constitución, no descartó que pueda haber habido falsificación de firmas, pero dijo que "esto ocurre en todos los movimientos (políticos) sin excepción".
El grupo Perú 2000 comunicó ayer al JNE su decisión de retirarse del proceso electoral y apartarse de los otros tres partidos políticos oficialistas con los que formó la Alianza Perú 2000, que lanzó a Fujimori como aspirante a la presidencia por tercera vez.
El escándalo suscitado por la supuesta falsificación de firmas -denuncia hecha a fines de febrero por el diario El Comercio- parecía ayer remecer las bases oficialistas a menos de un mes de las elecciones del 9 de abril.
Pero, el JNE salvó la situación al aclarar que a partir de la fecha, la alianza Perú 2000 queda conformada solamente por los partidos Cambio 90, Nueva Mayoría, y el movimiento Vamos Vecino.
Además, la renuncia "no invalida la inscripción de los demás candidatos de la lista (parlamentaria) de la alianza electoral Perú 2000", dijo en una resolución firmada por sus miembros.
El retiro de Perú 2000, a raíz de la denuncia de las firmas falsificadas, desató especulaciones acerca de un posible deterioro de la imagen del mandatario ante los ojos de los electores.
Pero, la titular del ministerio de la Mujer, Luisa María Cuculiza, negó que el alejamiento de Perú 2000 vaya a afectar de algún modo la candidatura presidencial.
"Acá no se tambalea la idea de apoyar al presidente o de no apoyar al presidente. El presidente ya tiene una imagen ganada y esa imagen es la que va a valer el 9 de abril", dijo Cuculiza.
Dos testigos, que afirmaron haber sido contratados por Perú 2000 para falsificar firmas, se pusieron el miércoles a disposición de la Fiscalía, bajo la protección de grupos defensores de derechos humanos, representantes de la Conferencia Episcopal Peruana y observadores electorales, quienes pidieron garantías para su seguridad.
El congresista opositor Arturo Salazar Larraín consideró ayer que los integrantes del oficialismo no podían mantener la actual situación y obligaron a los candidatos parlamentarios Medelius y Chuan a renunciar.
La denuncia de El Comercio desató una serie de ataques contra el Defensor del Pueblo -quien presentó testimonios grabados de los denunciantes a las autoridades electorales- y la amenaza reciente de una eventual injerencia del gobierno para cambiar la línea editorial independiente del periódico.
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