Una jueza federal rechazó ayer un pedido de Puerto Rico de que cesen las maniobras militares en la isla puertorriqueña de Vieques.
La jueza de distrito en Washington Gladys Kessler tomó la determinación luego que ayer decidiera mantener su jurisdicción sobre la decisión de si se debían o no detener los ejercicios de la Marina de Guerra.
La Armada tenía programado reiniciar sus maniobras hoy, de cuatro a siete días. "No puedo determinar que pudieran causar daño irreparable para los residentes de Vieques", durante ese período, declaró la jueza Kessler.
Pero Kessler enfatizó que su decisión tiene lugar en una etapa inicial del debate entre los militares y el gobierno puertorriqueño sobre el futuro de las maniobras.
El Departamento de Justicia federal había solicitado que se trasladara a San Juan el caso radicado por el gobierno de Puerto Rico, que sostiene que los bombardeos en Vieques causan daño irreparable a la salud de los residentes de esa isla municipio.
La jueza dijo que halló algunos aspectos perturbadores del caso, incluso "una promesa implícita" entre la gobernadora de Puerto Rico y los oficiales de la Armada de que los ejercicios serían aplazados hasta que el Departamento de Salud y Servicios Humanos completara una revisión de estudios que vinculan el ruido con los problemas cardíacos de los residentes de la isla.
Puerto Rico presentó su queja el martes después que su gobernadora firmó una ley que prohibía los ruidos fuertes en toda la costa de la isla. La nueva ley se acoge a la ley de control de ruidos de 1972, que permite a los estados o territorios estadounidenses, como es el caso de Puerto Rico, a que sancionen leyes sobre control de ruidos.
El Departamento de Justicia instó al tribunal a que deniegue el pedido, alegando que la ley no puede ser aplicada a los ruidos producidos por armamento militar.
En Puerto Rico, la gobernadora Sila Calderón señaló que ahora procede seguir radicando documentación y argumentación sobre la petición de que se cesen las prácticas militares porque violan las normas puertorriqueñas y federales sobre niveles de ruido.
Según Calderón, el recurso de interdicto inmediato radicado por el gobierno puertorriqueño es un paso legal extremo y no admite apelación en corte.
"No hay más recurso. El recurso era, en términos legales, el interdicto inmediato y ese extremo no admite apelación en corte. Pero el caso continúa. El caso está sometido y está aceptado por la jueza Kessler", dijo Calderón.
Por su parte, el comisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, se expresó confiado en que finalmente los puertorriqueños prevalecerán en este caso.
Dijo que la jueza fue clara al reconocer que hubo un acuerdo político por parte del Departamento de Defensa norteamericano, de no reanudar sus ejercicios militares en Vieques hasta que no se completen los estudios sobre la salud de los viequenses.
"Ella dijo que no puede paralizar las prácticas de mañana por el poco tiempo" que hay para el reinicio programado, añadió Acevedo Vilá.
En tanto en San Juan miles de puertorriqueños protestaron contra la decisión tomada por la jueza, la que permite los ejercicios militares en Vieques.
