El gobierno del presidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inician hoy negociaciones para acordar los mecanismos de un eventual intercambio de centenares de guerrilleros presos por soldados y policías secuestrados por el grupo rebelde.
No hay consenso entre el gobierno, el congreso y la justicia sobre los mecanismos legales para el canje, mientras el gobernador del Departamento del Valle, Gustavo Alvarez Gardeazábal propuso declarar la guerra interna para facilitar el intercambio de prisioneros.
El gobernador dijo que con la declaratoria de guerra no sería necesaria una ley de canje y ``entrarían a regir las normas internacionales que obligan al intercambio de prisioneros"".
Las FARC han pedido al gobierno y al congreso aprobar una ley que permita el canje permanente de prisioneros, comenzando con 451 guerrilleros que están presos en las cárceles y mas de 320 soldados y policías retenidos por las Farc en asaltos a poblaciones, cuarteles policiales y bases militares.
``Esta es una propuesta para la guerra y no para la paz"", dijo el Ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, al rechazar una ley permanente de intercambio de prisioneros. Señaló además que ``sería desmoralizante"" para las fuerzas armadas capturar guerrilleros para luego dejarlos en libertad.
Lloreda Caicedo explicó por radio que el Presidente de la República tiene facultades legales para indultar a guerrilleros que están en las cárceles acusados de delitos políticos --rebelión, sedición o asonada-- por lo cual no sería necesaria una ley especial.
Las FARC desean la ley porque entre los guerrilleros presos hay acusados y condenados de delitos atroces como homicidio, secuestro y tortura, quienes no podrían ser liberados simplemente por estar en rebelión contra el estado.
El Fiscal General, Alfonso Gómez Méndez ha advertido que legalmente no es posible hacer canje de guerrilleros presos por policías y soldados secuestrados, pero recomendó utilizar las facultades presidenciales para dejar en libertad a los guerrilleros acusados de delitos políticos, alrededor de cien de los 451 que reclama las FARC.
En el congreso hay una tendencia mayoritaria que favorecería la aprobación de una ley transitoria de canje, mediante la aplicación de la figura de la libertad condicional que no extinguiría el proceso contra los guerrilleros.
Tanto el gobierno y el congreso desean igualmente que en el canje se incluya los civiles que están en poder de la guerrilla. El año pasado se registraron 2.200 secuestros, en su mayoría ejecutados por la guerrilla para financiar su aparato militar.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
