Bélgica y seis grupos de derechos humanos acudieron ayer al Alto Tribunal de Londres en un intento de último momento para impedir que el ex dictador chileno Augusto Pinochet eluda un juicio por torturas.
La acción judicial pretende cuestionar la decisión británica de que Pinochet, de 84 años, no está en condiciones de salud como para ser extraditado y sometido a juicio en España.
El secretario (ministro) del interior Jack Straw dijo el 11 de enero que se inclinaba por liberar a Pinochet luego de que un equipo de médicos británicos independientes decidió que no estaba en condiciones de ser sometido a juicio, principalmente en términos de su salud mental.
Chile despachó un avión la semana pasada para recoger a Pinochet si era puesto en libertad, pero el aparato permanece en Bermuda hasta que Straw decida que el general puede irse.
El gobierno belga y los grupos de derechos humanos --entre ellos Amnistía Internacional-- han pedido al Alto Tribunal una revisión del informe médico elevado a Straw.
Bélgica pidió también al Alto Tribunal una orden que impida a Straw liberar a Pinochet hasta que el ex dictador vuelva a ser examinado en presencia de un médico belga, y hasta que las autoridades de Bruselas hayan visto el informe médico británico.
Pressiley Baxendale, el abogado del gobierno belga, dijo que cuestionaban la acción de Straw sobre la base de que no debería tomar decisión alguna antes de que se haya escuchado su demanda y se les permita ver los informes médicos.
Rehusarse sería "irracional y/o ilegal", dijo Baxendale al tribunal. Straw no quizo difundir los exámenes médicos invocando la confidencialidad de los pacientes.
Si el Alto Tribunal responde favorablemente al pedido belga, debe fijarse fecha para una nueva audiencia, que según fuentes judiciales podría tener lugar en cuestión de días.
Si la corte no acepta, la pelota vuelve al campo de Straw, quien tiene la facultad de poner en libertad a Pinochet por razones de salud.
"Debe tomar en consideración las presentaciones que se le han hecho, y es improbable que tome alguna decisión mientras hay acciones legales pendientes", dijo un vocero de su ministerio.
Funcionarios del gobierno sugirieron que esto significaba que difícilmente hubiese una decisión antes del fin de semana.
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