Investigación por soborno

El desfile de funcionarios y legisladores ante la Justicia por el escándalo de presunta compra de votos en el Senado argentino se inició ayer con la voluntaria declaración del vicepresidente Carlos Alvarez, quien dijo que la investigación "fortalece al país".
"Hay datos que se convierten en indicios.Pero será difícil comprobarlo. Los datos son los artículos publicados en el diario La Nación por el periodista Joaquín Morales Solá, la cuestión de privilegio planteada por el senador (Partido Justicialista, PJ, peronista) Antonio Cafiero y una conversación que mantuve con él", dijo Alvarez en rueda de prensa.
El vicemandatario se convirtió así en el primer funcionario en declarar voluntariamente ante el juez Carlos Liporaci, quien investiga si en abril pasado se pagaron sobornos a senadores de la oposición.
Denuncias anónimas, sindicales y afirmaciones de Cafiero señalaron que opositores peronistas, que controlan la cámara alta de 74 bancas, fueron incentivados con dinero para aprobar la reforma que hizo más flexible a las leyes laborales, impulsada por la gubernamental Alianza socialdemócrata.
El senador de la Alianza, Jorge Agúndez, se puso ayer a disposición del juez federal Liporaci para que lo investigue, en tanto Alvarez reveló que el presidente Fernando de la Rúa ha instruido a los miembros de su Gobierno para contribuir al esclarecimiento.
Sin embargo, Alvarez dijo que "no hubo ningún tipo de irregularidad en el tratamiento de la ley" y afirmó que "el país se fortalece" con la investigación, que "no va a afectar a los mercados ni a la economía", aclaró.
En una entrevista previa con radio Continental, se le preguntó si renunciaría a la presidencia del Senado (cargo que le confiere la Constitución) si la Justicia comprueba el ilícito y respondió: "No sé.Tendría que analizarlo".
El objetivo de la reforma, resistida con huelgas y movilizaciones por las centrales obreras, era combatir la desocupación, pero el índice oficial registró un aumento de dos puntos hasta alcanzar el 15,4%, que sumado al 14,5% de subocupación, revela problemas de empleo para unas cuatro millones de personas.
La denuncia original del pago de incentivos a los senadores peronistas fue lanzada en abril por el jefe del sector rebelde de la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, pero reflotó con un documento anónimo que circula en el Congreso.