El más alto tribunal de Brasil comenzó a investigar a un miembro del Congreso acusado de dirigir un escuadrón de la muerte en un estado amazónico fronterizo, informó el miércoles una portavoz judicial.
El Tribunal Supremo Federal pedirá a los fiscales del gobierno que decidan si Hildebrando Pascoal debe ser juzgado, un complejo procedimiento que podría obligar al Congreso a retirar la inmunidad parlamentaria al legislador de la cámara baja, según la portavoz.
"La investigación está en marcha, pero podría ser un proceso largo", precisó.
Un informe de funcionarios de derechos humanos del gobierno identificó el año pasado a Pascoal, un ex coronel de policía, como jefe de una banda que asesinó al menos a 30 personas desde 1985 en el estado de Acre, en la remota frontera de Brasil con Perú y Bolivia.
El informe se refirió a una serie de crueles asesinatos atribuidos a la banda, la mayoría de los cuales implicó torturas y amputación de miembros de las víctimas. El informe vinculó asimismo al grupo con el narcotráfico.
Dos miembros convictos del escuadrón de la muerte, uno de ellos un oficial de policía, cumplen actualmente sentencias de 20 años de cárcel por asesinato y otros tres oficiales de policía están siendo buscados.
Pascoal negó el martes que esté detrás de los asesinatos y acusó a los funcionarios de justicia en Acre de llevar a cabo una campaña de difamación contra él. "Soy un hombre bueno, soy un hombre limpio", dijo a los periodistas.
Pero un juez de la capital de Acre, Rio Branco, que ha investigado al escuadrón de la muerte durante los dos últimos años insistió en que Pascoal es responsable del reino del terror en el estado.
"Si se le retira del Congreso y se le condena, no hay duda de que habrán terminado todos los escuadrones de la muerte en Acre. El es el líder principal", aseguró a Reuters Gercino José da Silva Filho.
Da Silva, que está bajo una constante protección policial, dijo que ya ha descubierto dos escuadrones de la muerte más en Acre, uno compuesto por oficiales policiales y otro de taxistas que mataron a cinco personas implicadas en accidentes de auto con taxis.
Los activistas de derechos humanos creen que los escuadrones de la muerte están activos en al menos nueve de los 27 estados brasileños, pero afirman que los esfuerzos del gobierno contra el crimen organizado están empezando a dar resultados.
"Aún existen, pero hemos visto cosas mucho peores en el pasado", comentó Marcio de Araujo, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos en la cámara baja del Congreso.
El caso de Pascoal siguió a otro escándalo de asesinato ligado con otro legislador.
Una comisión de la cámara baja recomendó el mes pasado la expulsión del Congreso de Talvane Albuquerque por su presunta participación en la muerte a tiros de la congresista Ceci Cunha, su esposo y dos familiares en el estado nororiental de Alagoas.
