Una jueza ecuatoriana involucró al presidente Jamil Mahuad en un juicio por presunta malversación de fondos durante su campaña electoral de 1998, pero el gobierno rechazó ayer la acción tildándola de parcial.
A última hora del martes, la jueza séptima de lo penal de la provincia del Guayas, Isabel Segarra, emitió una resolución donde formalizó la inclusión de Mahuad y de su hermano Eduardo en el juicio a fin de que declaren lo que saben al respecto.
El juicio se inició la semana pasada por iniciativa del detenido banquero Fernando Aspiazu, luego de que acusara a Mahuad y varios de sus colaboradores de haberse apropiado del aporte de 3,1 millones de dólares que él hizo a su campaña electoral.
Hasta antes de la resolución de Segarra, sólo los colaboradores de Mahuad durante la campaña electoral eran objeto de investigación en el juicio. El ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, rechazó la vinculación de Mahuad por la jueza Segarra aduciendo que ha mostrado parcialidad en favor de Aspiazu.
Segarra "debe ser de las pocas personas en el Ecuador que sigue considerando que el doctor Aspiazu no ha hecho daño a nadie. La providencia mediante la cual sindica (involucra) al presidente tendrá que seguir su procedimiento", agregó a los periodistas.
"La jueza Segarra es un instrumento más de la telaraña judicial que está tejiendo Fernando Aspiazu, para tratar de minimizar el perjuicio ocasionado al Estado por millones de dólares que descontó a sus clientes", declaró Alvarez.
Aspiazu está preso desde julio en Quito por su papel en la quiebra del privado Banco del Progreso en donde, según estimaciones periodísticas, no pudo responder del paradero de unos 700 millones de dólares de fondos de sus clientes.
El banco era uno de los cinco mayores del Ecuador y tenía 720.000 ahorristas.
En su única declaración en torno al caso, Mahuad rechazó el fin de semana la denuncia de Aspiazu sobre la presunta malversación y dijo tiente documentaod el uso de los 3,1 millones de dólares en la campaña.
La acusación de Aspiazu provocó la semana pasada la renuncia del secretario general de la Presidencia, Ramón Yulee, sobre quien pesa una orden de captura por el caso pero su paradero se desconoce.
Mahuad, quien asumió en agosto de 1998, ha afirmado que Aspiazu se equivocó en pensar que la contribución a su campaña electoral le daría "inmunidad o impunidad" frente a los malos manejos en el Banco del Progreso.
