Entre los militares chilenos "hay intranquilidad" por la prolongada detención en Londres del ex dictador Augusto Pinochet y los procesos a varios generales retirados, advirtió el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, en una entrevista difundida este viernes.
"Hay intranquilidad", dijo Izurieta en declaraciones a la revista quincenal Caras, aunque precisó que "no está ni ha estado en riesgo la institucionalidad".
Izurieta tomó el mando militar en marzo de 1998, cuando el general Pinochet dejó ese cargo, que ocupó durante 25 años, para convertirse en senador vitalicio, de acuerdo con las leyes que dictó durante su régimen (1973-1990).
La detención de Pinochet hace 13 meses en la capital británica, donde se enfrenta a un juicio de extradición a España por los crímenes atribuidos a su dictadura, "ha afectado no sólo al que hacer nuestro, sino a toda la convivencia nacional", señaló el jefe castrense, al referirse a la división de la sociedad chilena entre partidarios y detractores del pasado régimen.
Consultado sobre los procesos contra cinco generales retirados, acusados de crímenes políticos bajo el Gobierno de Pinochet, Izurieta manifestó sentir "angustia y frustración".
"Yo estoy al tanto de lo que está ocurriendo en las unidades", afirmó, y agregó: "La gente hace comentarios a sus superiores, como: "Oiga, mi comandante, ¿hasta cuándo a los militares nos tienen metidos en esto?".
Las declaraciones del comandante en jefe se sumaron a una dura crítica que lanzó a los tribunales de justicia el pasado 9 de noviembre, cuando cuestionó los procesos a los militares.
"No nos parece éticamente aceptable juzgarlos por hechos acaecidos en un contexto en que imperaba la lógica de la guerra y el odio impuesto por los enemigos de Chile", dijo Izurieta, durante una ceremonia interna del Ejército.
Según advirtió entonces, el "desfile de militares ante los tribunales" provoca en las filas de su institución "sentimientos encontrados que no siempre es fácil mantener en los cauces que todos quisiéramos".
Pero el Gobierno del presidente Eduardo Frei, a través del Ministerio del Interior, replicó que "el poder judicial es absolutamente independiente de las decisiones que crea convenientes".
Cuatro de los cinco generales retirados arrestados en los últimos cinco meses afrontan juicios por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, en 1982, y la muerte de 12 personas a mediados de 1987.
Ambos procesos están fuera del alcance de una ley de amnistía que dictó Pinochet en abril de 1978.
El quinto acusado, el general Sergio Arellano Stark, encabezó la "caravana de la muerte", que recorrió varias ciudades y ordenó el fusilamiento de más de 80 opositores en octubre de 1973, un mes después del golpe militar, por lo que sus abogados invocaron la aplicación de la amnistía para liberarlo de culpa.
