El general retirado Humberto Gordon, ex miembro de la Junta Militar de Gobierno, detenido por su presunta vinculación al asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, aseguró el lunes que nunca cometió crimen alguno.
"Nunca he recibido órdenes de nadie y menos del general Augusto Pinochet. Nunca di la orden a nadie de matar o torturar gente", subrayó Gordon en una entrevista concedida al canal 13 de televisión.
"Tengo la tranquilidad absoluta que nunca yo he cometido ningún crimen", señaló el ex director de la temida CNI (Central Nacional de Informaciones), la desaparecida policía secreta del régimen del general Pinochet (1973-90). Desde su lugar de detención, en el Hospital Militar de Santiago, Gordon destacó que los cargos que se le imputan son falsos y que ha recibido su detención con mucha tranquilidad, ya que tiene su conciencia limpia. El juez especial Sergio Muñoz encausó al Gordon y al general Roberto Schmied, su lugarteniente en la CNI, como "cómplicos" en el crimen de Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982.
El domingo, Gordon recibió un llamado telefónico del general Pinochet, detenido desde hace 11 meses en Londres a pedido de la justicia española, para expresarle su solidaridad.
"Aparentemente, él (Pinochet) está mucho peor que yo, pero en las mismas condiciones, privado de libertad. Sin embargo, es muy afectuoso y me llamó para felicitarme en el día del Ejército", celebrado la víspera en Santiago, puntualizó.
Hace justo un año, un anciano vestido formalmente es recibido con todos los honores de su rango en el salón para personalidades del aeropuerto de Heathrow en Londres: Augusto Pinochet inicia una de sus visitas "privadas" regulares a Gran Bretaña, su país preferido.
Ese 22 de septiembre de 1998, el ex dictador chileno es recibido por altos funcionarios del ministerio británico de Relaciones Exteriores. Pinochet, convertido en "senador vitalicio" por obra y gracia de la constitución que se fabricó a su medida, llega con un pasaporte diplomático. Para él, se trata de un escudo impenetrable contra toda tentativa de proceso en su contra por los 3.000 muertos y desaparecidos declarados de su dictadura.
El 10 de octubre, Amnesty International reclama la detención del general y recibe una cortante respuesta del gobierno británico: "Nada hay que pueda impedir que el general Pinochet efectúe una visita privada aquí". El aliado de Margaret Thatcher durante la guerra de las Malvinas es muy bienvenido en Londres, donde viene regularmente a comprar armas por cuenta de su país.
Exactamente 370 días después de haber llegado a Londres en las condiciones señaladas, un magistrado de la corte londinense de Bow Street examinará el lunes la demanda de extradición de España contra Augusto Pinochet. Un juez madrileño, Baltasar Garzón, espera poder juzgar al ex dictador, a pesar de los aprietos en que pone a los gobiernos de Londres y Madrid, y pese a la furia de Santiago.
En medio de la sorpresa general, Augusto Pinochet fue detenido por policías de Scotland Yard el 16 de octubre, en plena noche, en su lecho de hospital. Desde entonces, asignado a residencia en una lujosa mansión del sur de Londres, Augusto Pinochet, secundado por un numeroso equipo de abogados chilenos y británicos, por sus familiares y por consejeros del gobierno chileno, se enfrenta al aparato judicial.
Su acción ha tenido un cierto éxito. Después de múltiples apelaciones, sus abogados consiguieron reducir considerablemente el expediente de acusación. Del genocidio, tortura y terrorismo cometidos durante los diecisiete años de dictadura (1973-1990), el acta sólo menciona la tortura y la conspiración para torturar desde el 29 de septiembre de 1998, fecha en la que Londres ratificó la convención internacional contra la tortura. Durante las audiencias para determinar la extradición que durarán cinco días, el procurador detallará una serie de casos de tortura. Luego, el juez se dará unos quince días o tres semanas para meditar, antes de pronunciar su veredicto.
Si decide la extradición, los abogados tienen múltiples vías de recurso y pueden utilizar en todo momento el expediente médico del dictador para pedir que sea devuelto a Chile.
Según su familia, el ex dictador de 83 años, sufre múltiples males que van de la diabetes a los trastornos cardíacos y a la depresión nerviosa.
Si el juez Bartle se pronuncia contra la extradición, la situación se complicará para los defensores de los derechos humanos, pues la reducción del acta de acusación dejaría poco lugar para proseguir las acciones judiciales en Gran Bretaña.
De todas maneras y desde ya, los defensores de los derechos humanos consideran haber ganado una batalla crucial: la impunidad no está más garantizada y las idas y venidas de los dictadores en servicio activo en o retiro son vigiladas de cerca.
"El mundo se ha hecho cada vez más estrecho para los que han torturado y cometido crímenes contra la Humanidad", comentó Rood Brody, uno de los responsables del Observatorio de los Derechos Humanos (Human Right Watch).
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