Una jueza que investiga cuatro casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet denunció la falta de cooperación del ejército en sus pesquisas.
La magistrada Cecilia Flores, denunció a la Corte Suprema y al gobierno que el ejército se ha negado a entregarle información que ha requerido para el avance de su investigación.
La jueza es una de la decena de magistrados designados hace unos meses por la Corte Suprema, a petición del gobierno, para que investiguen en forma exclusiva el destino de algunos de los 200 casos de desaparecidos informados en enero por las fuerzas armadas. En el informe oficial de los militares sobre el destino de 200 de los 1,200 desaparecidos durante los 17 años del régimen de Pinochet se consignó que 151 prisioneros fueron lanzados al mar, lagos y ríos, mientras que otros 49 habrían sido sepultados en fosas.
Hasta ahora sólo se ha encontrado en el interior de un fuerte militar un cuerpo, que según los militares había sido lanzado al mar. En una mina abandonada cerca de Santiago se encontraron también restos que pertenecerían a ocho desaparecidos.
