Un sacerdote, en cuya parroquia fueron encontradas listas con datos de 2.500 desaparecidos durante la represión militar, dijo ayer que ayudó a los familiares, pero grupos de derechos humanos lo acusaron de colaborar con la dictadura.
"Si hubo alguien que trabajó por los derechos humanos fui yo", dijo monseñor Emilio Graselli a una radioemisora cuando fue consultado sobre el allanamiento de una parroquia en el barrio de Belgrano, de esta ciudad. La justicia incautó el martes listas con datos de 2.500 personas desaparecidas durante la represión que llevaron adelante los militares en la denominada "guerra sucia".
El sacerdote fue secretario privado del vicario castrense, Adolfo Tortolo, que en vida fue vinculado con el ex jefe de la marina de guerra, Emilio Massera.
Los datos sobre la existencia de las listas surgieron durante un juicio que se realiza en la ciudad de La Plata, 50 kilómetros al Sur, para establecer la suerte de desaparecidos.
Durante una de las audiencias, Graselli reveló que él confeccionaba las listas después de recibir a familiares de víctimas de la represión y confeccionaba tres copias.
Pero aclaró que era Tortolo quien las remitía a la policía federal, y al ministerio del Interior.
En un denominado "juicio de la verdad" que se ventila en La Plata, el sacerdote fue citado para explicar su trabajo bajo la dictadura y negó haber colaborado con los militares.
"No quiero ninguna alabanza, por eso guardé silencio hasta ayer. Si se me ataca por ser sacerdote, con gusto le digo que tengo todavía libre una mejilla", declaró Graselli.
Sin embargo, para la organización Madres de Plaza de Mayo, el sacerdote fue un colaborador de los militares que obtenía información y la entregaba a ellos, cuando los familiares lo visitaban para pedir ayuda.
Hebe de Bonafini, titular del grupo defensor de los derechos humanos, dijo telefónicamente a la
