La competitividad: el reto de Panamá

"Hacia una Agenda Nacional de Competitividad". Con ese título, la Conferencia Anual de Ejecutivos 2004, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, selló las bases para la creación del Centro Nacional de Competitividad, que no solamente colocó el tema en el día a día de los círculos económicos, políticos, sociales y culturales, sino que dio nacimiento al Centro Nacional de Competitividad, entidad, cuyos objetivos se orientan a "lograr hacer de Panamá un país cada vez más competitivo, para poder exportar más, ser más productivo, asegurar el clima apropiado para las inversiones, y propiciar el bienestar de la población".
Este Centro está regido por una Junta de Síndicos, integrada por representantes de los gremios del sector privado como la APEDE (que la preside), Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Asociación Bancaria de Panamá, y Sindicato de Industriales de Panamá; así como por los Ministros de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y por el Primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores. También son miembros los notables empresarios nacionales, Herman Bern, Felipe Ariel Rodríguez, Alberto Vallarino, Vicente Pascual, Stanley Motta, Arturo Melo S., y Fernando Eleta A. Su Director General del Centro nacional de Competitividad, Dr. Nicolás Ardito Barletta.
Estudiosos del tema de la competitividad, como el Foro Económico Mundial, han situado a Panamá en las posiciones 58 (2003) y 59 (2004), en la clasificación mundial en la que se tomó en consideración a 104 países en el año 2004, y a 99 naciones en el 2003. Si lo observamos en el contexto continental, podríamos conformarnos, toda vez que por América Latina Chile es el único país que ha logrado una categoría destacada, 28 (en el año 2003) y 22 (en el 2004). Los que comandan estas tablas son Finlandia que ocupa el primer lugar, seguida de Estados Unidos, Suecia, Taiwán, Dinamarca, Noruega, Singapur, Suiza y Japón. En el caso de la región centroamericana, aventajan a nuestro país Costa Rica, que se ha colocado en la posición 50 y El Salvador, que está en el lugar 53.
Al percatarse de estos resultados, el Centro Nacional de Competitividad elaboró una agenda de trabajo, la cual incluye, entre otros puntos, la organización de reuniones, talleres y foros con grupos empresariales, profesionales y laborales, los que reciben el apoyo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. La primera de esta iniciativas se llevará a cabo el jueves 23 de junio, en una jornada de dos a seis de la tarde.
Se trata de la Conferencia "Experiencias Hemisféricas en al Construcción de Agendas Internas y Programas de Competitividad", que contará con los expositores Roberto Newell, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien se referirá al tema "La experiencia de México y el papel del Instituto Mexicano para la Competitividad"; Blanca Imelda Jaco de Magaña, Viceministra de Economía de El Salvador, que tendrá a su cargo "La experiencia de El Salvador, los retos de competitividad y el papel del Gobierno"; mientras que Eugenio Marulanda, presidente de CONFEDECÁMARAS de Colombia, expondrá acerca de la "Agenda interna para la productividad y competitividad de Colombia".
Dada la trascendencia del evento, que es de carácter gratuito, se ha invitado a los miembros de los gremios que integran el Consejo Nacional de la Empresa Privada, INAFORP, Fundación del Trabajo, Ministerios de Economía y Finanzas, Desarrollo Agropecuario, Relaciones Exteriores, y Comercio e Industrias, además de las universidades de Panamá, Tecnológica, del istmo, ULACIT, Católica Santa María la Antigua y ULACEX, y a los medios de comunicación social.
Indudablemente que se trata de un foro de gran magnitud, especialmente porque llega en un momento en que el país necesita de temas positivos que ofrezcan tanto al sector privado, como al que integra la mano de obra y al propio gobierno, motivaciones para seguir adelante, fundamentalmente por el país que en estos momentos se apresta a iniciar competencias de magnitud como las que representan los Tratados de Libre Comercio.
Y no es solo una opinión recurrente. Para Barker se trata del principal logro histórico del sector judicial estadounidense. A pesar de algunos errores - dijo- la Corte Suprema ha mantenido no solo su independencia sino que ha hecho un buen trabajo en hacer cumplir las garantías constitucionales al interpretar la Constitución y las leyes federales.
JBV: ¿Pero cómo?, si ni en Estados Unidos ni en América Latina el sector judicial escapa a las presiones de los otros órganos del Estado.
RB: Bueno la sociedad civil es muy importante, es el elemento básico de cualquier democracia y a fin de cuenta, es importante establecer una buena estructura constitucional de separación de poderes, de límites y contrapesos, pero a fin de cuentas el éxito de la administración de justicia de los tribunales depende del apoyo y la actitud del pueblo con respecto a la independencia judicial.
Pero Barker fue enfático cuando aseveró que la independencia judicial es importante es una cara de la moneda; la otra cara es la fidelidad judicial a la Constitución y a las leyes, y para asegurar esa fidelidad a las leyes y en particular a la constitución es un requisito que el poder judicial sea independiente.
Barker habló entonces de la rectitud que deben observar los abogados. Creo que para todos los abogados en todos los países del mundo la rectitud, la integridad son indispensables, afortunadamente no hemos tenido problemas de corrupción en la Corte Suprema de los Estrados Unidos, de vez en cuando en otros tribunales sí, pero yo creo que el record de la Corte Suprema de independencia y de rectitud moral es excelente.
En Estados Unidos los miembros de la Corte y los jueces con designados de por vida, pero cuando cometen algún acto de corrupción, cómo se corrige el problema.
RB: La manera de remoción es el juicio político. Es un proceso de dos pasos: primero la Cámara de representantes inicia el proceso por voto de mayoría simple y después el asunto pasa al Senado de los Estados Unidos. Para destituir a un magistrado de la Corte Suprema o a otro juez federal se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes del Senado y a través de los últimos 20 años, tres jueces federales, todos jueces de distrito, es decir de primera instancia, han sido destituidos por este proceso, 2 por corrupción y uno por senilidad.
En Estados Unidos el Presidente nombra a los magistrados de la Corte Suprema y todos los demás jueces federales con el consentimiento del Senado. Barker destaca que a través de la historia aproximadamente el 80% de los nombramientos han prosperado, el 20% no, normalmente por oposición del senado.