La competitividad nacional se basa en la productividad de todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas y micro. Como sabemos, es en la empresa donde los recursos se convierten en productos y servicios y al hacerlo de la manera más eficiente y productiva posible se reducen costos aumentando la producción por unidad de insumos.
Aumentar la calidad de los productos, bajar sus costos y asegurarles un nicho en los mercados nacionales e internacionales es lo que hace más competitivas a las empresas. Para lograrlo, es esencial la aplicación de tecnologías (de producción, mercadeo y administración) adecuadas, de contar con recursos humanos capacitados y de tener recursos financieros y crédito oportuno. También necesitan buena información y conocimientos. Normalmente las empresas grandes y medianas tienen la capacidad de contar con esos elementos fundamentales o de saber como buscarlos y conseguirlos. Este no es el caso para las pequeñas y microempresas. Es importante corregir y disminuir esa disparidad por múltiples razones.
Las pequeñas y microempresas constituyen más del 90% del total de empresas existentes. Aunque tal vez sólo representan el 30% de la producción nacional, están constituidas por un porcentaje alto de la población, generan más empleo por unidad de inversión que las empresas grandes, complementan la función económica de empresas grandes produciendo bienes que éstas necesitan como insumos, agregan muchos bienes y servicios que necesita el mercado local y también contribuyen con exportaciones.
Por otro lado, su progreso y productividad contribuyen a ampliar las oportunidades para un significativo porcentaje de la población y a mejorar la distribución de ingresos. Por ello contribuye a afianzar la democracia como sistema político y la economía de mercado con amplia participación privada en lo económico. Si se mejora la productividad y competitividad de las pequeñas y micro empresas se añade sustancialmente a la competitividad del país y al bienestar de un amplio espectro de la población.
Aunque ha mejorado la gama de servicios públicos y privados para facilitar el funcionamiento y productividad de las pequeñas y micro empresas, todavía hay serios obstáculos y deficiencias públicas y privadas. El acceso a financiamiento es limitado. Los programas de capacitación y asistencia técnica son ínfimos comparados con la necesidad. Los procesos de administración pública para llenar los requisitos de esas empresas son lentos, costosos y burocráticos. La carga fiscal y los requisitos de la legislación laboral aumentan considerablemente sus costos. Los registros de los derechos de propiedad de tierras e inmuebles de estas empresas no son suficientes para apalancar adecuadamente sus activos ante necesidades de crédito. La tecnología de la información y cómputos disponibles es limitada y no lo suficientemente "amigable".
AMPYME desarrolla una variedad de programas conducentes a facilitar la gestión de las micro y pequeñas empresas. La Ventanilla Única de Servicios Públicos del MICI para PYMES está contribuyendo a agilizar los trámites de requisitos. El MIDA ofrece asistencia técnica a pequeñas empresas rurales. Pero los presupuestos correspondientes y el personal profesional disponible son insuficientes ante las necesidades y, por ello, los programas son inadecuados para cumplir sus objetivos. Son pocos los bancos privados, como Mi Banco y Multicredit Bank, que ofrecen crédito a esas empresas.
Por todo lo expuesto, es de alta prioridad que se definan objetivos y estrategias para contribuir a un desarrollo más eficiente de estas empresas con un esfuerzo mancomunado público y privado. Ambos sectores pueden y deben contribuir más con financiamiento, asistencia técnica, capacitación, normas y servicios administrativos que mejoren la productividad de las pequeñas y microempresas. Esto aumentaría la competitividad nacional y la equidad y ecuanimidad de la economía y del sistema social.
El fortalecimiento de la fe, por parte de las iglesias, también contribuye a que las personas le den el verdadero valor y sentido a la vida, porque sólo Dios puede quitarla.
Los informes que llegan a las instancias judiciales por parte de las personerías revelan que en los lugares donde mayormente se presentan los intentos de suicidios son las áreas rurales. Algunas de estas son Tonosí, La Espigadilla, Macaracas, Las Minas, Los Pozos, Las Tablas y Chitré.
La mayoría de las personas que intentan quitarse la vida, lo hacen mediante los pesticidas, ahorcamiento y disparos con arma de fuego y en su mayoría son hombres.
Según revelaciones de sacerdotes que atienden estos casos, posteriormente al intento las personas se arrepienten y no desean morir.
Un sacerdote nos comentó como una joven después de haber ingerido un químico, agarraba su mano y le decía: ¡"Padre: no quiero morir"!, pero después de recibir los santos sacramentos murió.
Ahora corresponde a las autoridades de salud, eclesiásticas y esencialmente la familia, elevar los valores morales para prepararlos a fin de que puedan enfrentar los problemas.
El sacerdote Francisco Iturbe, de la Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario, dijo que el suicidio es la consecuencia de la pérdida de valores y el vacío hacia donde se ha ido orientando la educación de los jóvenes.
Señaló que el consumismo y el disfrute desordenado de los supuestos placeres como el sexo, el alcohol y otros son parte del detonante para esta conducta.
Por eso es importante que la gente tenga una conciencia real sobre el valor de la vida y los principios morales que deben regirla.
Lamentó que los jóvenes encabecen los grupos vulnerables, indicando que esto es parte del bombardeo del que son objeto, partiendo de que hay jóvenes que a los 13 y 14 años ya han disfrutado de relaciones sexuales.
Alegó que de allí siguen el consumismo sin alcanzar la madurez y cuando llegan a una edad mayor se dan cuenta que no tienen nada y es allí donde comienza el descontento con la vida.
Indicó que hay que unir esfuerzos para erradicar estos comportamientos y promover los valores.
