Hace poco nadie creía que Augusto Pinochet quedase expuesto a la justicia chilena por crímenes de lesa humanidad.
Pero la Historia vuelve ahora por sus fueros tanto en Chile como Argentina y Uruguay, países que cooperaron activamente en la represión de los años 70 y 80.
Mientras en Chile y Argentina es la órbita judicial internacional y nacional la que busca saldar las cuentas pendientes de sus respectivas dictaduras, en Uruguay se intenta, a través de iniciativas políticas, sellar la paz en una sociedad dividida.
La privación de los fueros parlamentarios de Pinochet, decidida por la la Suprema Corte el martes pasado, corona un largo proceso iniciado en 1998 con la detención del general en Londres a pedido del juez Baltasar Garzón, quien buscaba extraditarlo a España para juzgarlo por crímenes cometidos bajo su régimen (1973-1990), que dejó más de 3.000 muertos o desaparecidos.
Sin su inmunidad, Pinochet enfrentará un juicio por la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que fusiló a 74 presos políticos en un periplo mortal en octubre de 1973, un mes después del golpe que derrocó al presidente socialista Salvador Allende.
