Decía el economista Douglas North, premio nobel, que "si las instituciones premian la piratería, se invierte en piratería; si premian la productividad, se invierte en productividad". Las instituciones son esenciales para la actividad humana en general y para una eficiente y dinámica actividad económica en particular.
Aunque con frecuencia se piensa en instituciones como si fueran entidades públicas y privadas, organismos del Estado o empresas y ONG’s, la acepción más amplia del concepto se refiere en economía a las normas formales e informales que rigen a una Nación
Estado. Las formales (del Estado) son la constitución, códigos, leyes, reglamentos que rigen la sociedad, que establecen las bases para guiar el comportamiento humano en sociedad y que dan el marco de referencia para la actividad económica. Las informales o "costumbristas" (de la Nación) son los valores, costumbres y normas sociales que conforman la cultura nacional transferida y evolucionada de generación a generación. Con frecuencia, las últimas son más fuertes que las primeras, porque van grabadas en las tradiciones y afectos de las personas desde su infancia en sus hogares y comunidades.
El arte de la modernización de una Nación/Estado es ir acercando ambos sistemas institucionales, el formal y el informal, en la práctica diaria para que el país sea internamente consistente, viable, productivo y competitivo. Las normas legales no deben desconocer las tradiciones costumbristas y éstas deben evolucionarse con sistemas educativos de calidad, con información y con la demostración y difusión de los casos institucionales exitosos.
La institucionalidad para lograr más crecimiento económico, productividad y competitividad requiere seguridad jurídica, o sea el cumplimiento por igual para todos de las normas, leyes y reglamentos establecidos. Esto se dificulta en Naciones donde las tradiciones costumbristas aceptan como legítimo una fuerte dosis de clientelismo, favoritismo, amiguismo, paternalismo, el llamado "juega vivo", mediante los cuales los gobiernos favorecen a "unos" a expensas de los "otros", tergiversando, amañando, o cambiando las leyes para aplicarlas en formas desiguales entre "unos" y "otros". Así se genera desconfianza e incertidumbre y de hecho se limitan, sesgan o se obstruyen los mercados para invertir, producir, ahorrar, exportar, y cumplir todas sus funciones.
La corrupción en una sociedad va desde incumplir las leyes y reglamentos, a su aplicación desigual, al soborno de funcionarios públicos y privados para lograr ganancias ilícitas. Es una de las peores manifestaciones de la inseguridad jurídica y no sólo es una falla moral y ética si no que tiene altos costos económicos.
En una economía de mercado, las normas y leyes deben propiciar la agilidad y la libertad económica y propender a reducir los costos de transacciones económicas. Estos costos son parte esencial del sistema económico y lo conforman gastos en abogados, bancos, contadores, clérigos y administradores públicos, todos aquellos gastos de intermediación que facilitan u obstruyen un trato económico. Se calcula que en EE.UU. pueden ser el 40% del PIB. Reducirlos, donde sea posible, contribuye a la competitividad.
El Banco Mundial ha estimado que el costo de la regulación operacional se refleja en el tiempo que los gerentes gastan en regulaciones. En países de América Latina ronda entre el 6 y 18% del tiempo de gerentes de empresa. Esa misma institución ha calculado para Centroamérica que el exceso de regulaciones reducen la productividad entre un 4.8 y un 6.4%; el costo de la corrupción está entre 1.7 y 3.8% del valor de las ventas y el costo de seguridad y pérdidas por delincuencia es de 3.5 y 6.5% de ventas.
Las reglas jurídicas, como el derecho de propiedad y los contratos, propician el buen funcionamiento del mercado. Hay otras reglas jurídicas que son necesarias para corregir las distorsiones del mercado. En ambos casos, estas normas deben proporcionar la seguridad, eficiencia, agilidad, flexibilidad y predictibilidad del sistema económico.
El sistema legal y reglamentario, la seguridad jurídica y el Sistema Judicial son factores determinantes para el ambiente y clima de negocios en general y para la generación de inversiones y exportaciones en particular. Ellos pueden obstaculizar o agilizar toda la actividad económica, favoreciendo o disminuyendo la productividad y competitividad. Ellos fortalecen o debilitan la confianza de los asociados para desarrollar sus actividades económicas.
Las normas regulatorias deben ser evaluadas en el contexto del funcionamiento eficaz de una economía de mercado. Cuando el mercado no produce resultados que la sociedad considera óptimos, se pueden introducir modificaciones en las normas para corregir las condiciones que evitan obtener un óptimo social en los casos específicos en una forma tal que no altere el buen funcionamiento del mercado.
Los criterios para evaluar el funcionamiento de las instituciones son: la aplicación de la ley, los resultados que producen la ley, los costos transaccionales causados por la ley, el nivel de corrupción que ocasiona, la efectividad del sistema judicial para interpretar y definir sobre la ley y la predictibilidad de los procedimientos establecidos para cambiar la ley.
Por otro lado, los beneficios económicos de la certidumbre institucional son muchos. En general, el mercado económico impersonal basado en reglas claras y aplicadas es más grande que el mercado segmentado sobre la base de conocimiento personal o agrupaciones étnicas. Permite más especialización, economías de escala y competencia. También permite que nuevas tecnologías produzcan mejores externalidades en mercados más grandes. Tiende a haber más innovaciones y una mayor difusión de las mismas. Al aumentar la certidumbre de resultados futuros de inversiones, la certidumbre institucional tiende a aumentar la rentabilidad de los negocios, el ahorro y la inversión.
Un factor clave en la certidumbre institucional es la interpretación de la ley por el sistema judicial. Se necesita mejorar no sólo la calidad técnica del asesoramiento legislativo para asegurarse que se preparan leyes que facilitan la productividad y competitividad. También se necesita mejorar la eficiencia administrativa, el profesionalismo y la transparencia del sistema judicial.
Hay un factor adicional que es de singular importancia: el factor humano y los incentivos para su productividad y cumplimiento. Se trata de atraer al sistema judicial a los mejores candidatos y estimular a los mejores jueces con promociones hechas con base al mérito, la discreción en las decisiones, evitando sobrecarga de trabajo, estimulando la reputación y las remuneraciones vinculadas con la productividad.
