El que cuestiona tiene que llenarse de valentía y coraje y hacer la denuncia y decir:
se está exigiendo que se cambie la ley para resolver un problema de clientes y de intereses. Cuando a los corruptos se les desenmascare, será efectiva entonces la cooperación ciudadana. Hay que romper con la doble moral.
La Corte Suprema de Justicia está por elegir su presidente para un período de dos años y a criterio de Esmeralda de Troitiño "en el nuevo período presidencial en la Corte, se tiene la obligación de hacer una revisión inmediata de todas las situaciones que son cuestionables en el tema de los procesos disciplinarios contra los funcionarios y reconocer que también los magistrados estamos sometidos a un régimen ético y disciplinario."
Por más de una hora, la magistrada examinó para Semblanzas los cuestionamientos a que está sometido hoy el Organo Judicial, y si bien admitió que gran parte de las responsabilidades para corregir las imputaciones que se le hacen a ese sector depende de su propia actividad interna, no descartó el papel vital que debe jugar la sociedad civil y las vías a las que puede apelar.
Cuando una persona siente que la decisión del juzgador no se apega a derecho, tiene el mecanismo de ese análisis jurídico de lo que hizo o no el juzgador. "Los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios", pero la ciudadanía debe saber que eso no significa que el foro tiene la imposibilidad de evaluar si hubo un estudio, un análisis o la aplicación exacta del derecho, expresó.
Troitiño cumple en los próximos días un año de estar en la Corte, y comenzó la entrevista subrayando que "no estoy aspirando para nada", tras recordar que mañana lunes se escoge al nuevo presidente de ese organismo, y para lo cual aspiran, según se sabe, los magistrados Aníbal Salas y Graciela Dixon, y aun cuando no lo ha dicho se sospecha que también está en carrera el magistrado José Troyano, quien es Presidente Encargado de la Corte.
Didáctica en sus respuestas, Troitiño parece tener un sentimiento de cuerpo que no le impide, sin embargo, destacar las contradicciones internas de ese organismo. Aquí en la Corte hay un planteamiento divido que dice: nosotros mismos tenemos que hacer la investigación, porque la Constitución dice que la Corte investigará y procesará. Entonces hay un grupo de magistrados que decimos que si hablamos de un sistema constitucional de derecho, la Constitución dice que el Ministerio Público es el ente investigador de los delitos, de los hechos delictivos. Hay una norma que dice que la Procuraduría General es la institución obligada a hacer la investigación y a nosotros, como magistrados de la Corte, nos corresponde juzgar.
La número 14 de 19 hermanos de padre y madre, de los cuales 7 son mujeres. Educadora y pedagoga, antes de egresar de la Universidad de Panamá, como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, ha sido catedrática allí en los últimos 20 años, y antes profesora en los colegios Alfredo Cantón y Normal Rubiano.
Usted no tiene idea de la cantidad de alumnos que ha pasado por mis manos, expresa entre divertida y satisfecha.
Oriunda de La Villa de Los Santos, Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño, es hija de Pablo Emilio Arosemena y Esmeralda Bernal de Arosemena. Y si bien entre las personas que la marcan figura su padre como la principal, expresa una alta consideración por la maternidad de su madre. Está casada con Manuel Troitiño hace 38 años, tiene una hija y dos nietos.
Fue propuesta para magistrada de la Corte Suprema por el presidente Martín Torrijos, y ha hecho parte, como subcomisionada, de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia.
Semblanzas: El sector judicial panameño está muy cuestionado por la sociedad y en abril de este el Gobierno convocó una comisión para prohijar un Pacto de Estado por la Justicia, destinada a recoger las demandas de la sociedad ¿Cómo evalúa usted el Estado de la Justicia en Panamá?
EAdT: No se puede negar que la ciudadanía ha asumido una posición. Es cierto que el sistema de justicia es uno de los sectores de la vida pública más cuestionado por la sociedad panameña y soy del criterio que este cuestionamiento constituye, no sólo un derecho de los ciudadanos, sino una responsabilidad y compromiso en la defensa de nuestro sistema democrático. La gente demanda una certeza de confiabilidad en quienes nos gobiernan, en quienes tienen que aplicar las leyes en defensa de los derechos de esa ciudadanía. Está cuestionada esa confiabilidad, y es una lástima que se cuestione a la justicia, hay que dirigir esos cuestionamientos contra quienes efectivamente pueden estar dando muestras de esa no transparencia, de esa no confiabilidad.
Semblanzas: ¿Y que actitud asumir al respecto?
EAdeT: Tengo la absoluta convicción de que frente a todo acto de corrupción la respuesta ciudadana y judicial es y debe ser de cero tolerancia, que debemos tener claro lo que implica este concepto y no la simple definición gramatical , sino además, conceptualizarlo. La sociedad panameña demanda una justicia igualitaria, imparcial y pronta, mientras que por otro lado importantes sectores promueven o fomentan una respuesta de justicia selectiva.
Semblanzas: ¿Cómo o qué papel debe jugar la ciudadanía para depurar el sistema de justicia?
EAde T: El compromiso de la participación ciudadana, de toda la sociedad civil, organizada o no, es la denuncia y la exigencia de la depuración del sistema de todo funcionario corrupto, coadyuvar en la investigación y el material probatorio, lo que no se debe agotar en este ámbito, sino que exige, se extienda a toda actividad pública y privada.
Semblanzas: ¿Estarán agotados o son susceptibles de mejorar los mecanismos que le permitan a la ciudadanía fiscalizar la labor de la Corte?
EAdT: Para una respuesta inmediata, son susceptibles de mejorar. No hay dudas
Semblanzas: ¿En qué aspectos concretos?
EAdT: Frente a una denuncia, y así lo establecen los mecanismos jurídicos, hay que partir por cumplir el debido proceso, para todos. Un sistema de garantías tiene que funcionar para el imputado y la víctima. El imputado tiene derechos y la gente se queja mucho de esto, señalando que la justicia está más preocupada por el delincuente y no por la víctima. Pero es que un sistema de garantías lo tiene que ser para todos, esté usted en la posición en que esté. Como víctima o como querellado.
Semblanzas: Pero cómo funciona esto cuando se trata de un funcionario público, en este caso un magistrado, por ejemplo.
EAdT: En el ámbito de las quejas contra un funcionario judicial o contra un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones, no cumpla o se le demande porque el ciudadano sienta que no hay una respuesta, la ley tiene exigencias como la prueba sumaria. Muchas veces el gran peso en las demandas de corrupción, de enriquecimiento ilícito, el tema de la prueba sumaria se hace muy complejo; poder, primero, interpretar lo que la prueba sumaria es, y segundo, efectivamente, qué tipo de prueba es la que el ciudadano tiene que presentar.
Semblanzas: La cuestión de la justicia no se limita a la Corte Suprema, y nos ha dicho que la ciudadanía debe administrar este concepto a partir de las bases del sistema, pero lo cierto es que en el debate actual las críticas apuntan hacia la Corte.
EAdT: Sí, no hay duda y lo es por esa misma razón, porque corresponde a la Corte en última instancia hacer un pronunciamiento sobre los derechos que se reclaman. Vengan desde la persona más humilde hasta los grandes casos de los grandes poderes que llegan en espera de una decisión de este organismo. Yo no soy, sin embargo, de la opinión que la última palabra la tenga el Órgano Judicial.
Semblanzas: Pero en la práctica es así
EAdT: La tiene pero también la ciudadanía debe conocer, el foro sabe esto, que si frente a las decisiones de la Corte hubiese una violación del debido proceso, la ciudadanía tiene también otros mecanismos. Está por ejemplo, la Corte Internacional de Derecho que puede hacer un planteamiento en contra de la posición de la Corte.
Semblanzas: ¿Se vio en la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia la posición a asumir en el caso de que un magistrado sea demandado?
EAdT: Como miembro de una de las subcomisiones de trabajo de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia señalé durante una de las discusiones que al magistrado que se le demande por una falta disciplinaria, o una falta a la ética, el quejoso o la ciudadanía tiene que tener una respuesta.
Semblanzas: ¿Están sometidos los magistrados, antes o ahora con el Pacto de Estado por la Justicia, a una declaración de bienes?.
EAdT: Sí, es una ley. El que no lo haya hecho pierde autoridad moral. Cuando un magistrado asume una suplencia, por ejemplo, debe estar auditado, el que se va y el que entra.
Semblanzas: Y en cuánto a la mora judicial ¿cómo se va a agilizar esto?
EAdeT: Ahora mismo tenemos una instancia denominada auditoría judicial, una figura nueva que tiene tres años, pero no tiene la fortaleza que requiere, y esas es una de las propuesta que se hacen en el Pacto. El Pacto se pronuncia por el fortalecimiento de la auditoría judicial, que constituye un mecanismo para identificar el inventario del despacho de un juez, lo que permite identificar momentos procesales, para que un juzgador brinde auxilio o apoyo al que tiene desbordada su carga laboral. Eso requiere una reforma legal, que se ha propuesto como modificación a la legislación para un mejor manejo a los recursos, una optimización de sus recursos humanos .
Semblanzas: Cuando se presenta una denuncia contra un magistrado se tiene la impresión de que la Corte actúa como un cuerpo que se protege ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la ciudadanía en el juzgamiento de un magistrado de la Corte?
EAdT: Te puedo puntualizar el tema probatorio, el de la prueba sumaria, una documentación probatoria que indique que hay la comisión del hecho delictivo. Es probar el delito. En temas como el enriquecimiento ilícito, la corrupción, el material probatorio requiere de una experticia en la investigación, por lo complejo del delito. En la corrupción están permeados todos los niveles de la sociedad, y cuando te hablaba del poder, de ese paradigma del poder, del administrador de justicia, está reconocido, identificado, vivido y aprovechado por la ciudadanía. Y te lo explico en ese sentido de"el que tiene un amigo en la Corte" Pero eso es lo que el mismo ciudadano que tiene una demanda, espera. Esa connotación te da la complejidad de lo que es la decisión del juzgador. Y si no es mi amigo, entonces piensa que yo resolví en su contra, porque yo no soy su amiga.
Semblanzas: La eventualidad de que un magistrado sea juzgado está sujeto a que la Asamblea de su visto bueno, es decir la Asamblea es la que juzga a los magistrados y viceversa. ¿No da paso eso a una especie de connivencia?
EAdT: No debe haber. La percepción es que los grandes poderes tienen un manejo de ese principio de poder.
Semblazas: "tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo".
EAdT: Así es. Soy del criterio de que esto es cuestión de principios, que gobiernan y rigen las conductas de las personas, de los individuos. Y si, yo tengo aquí casos de diputados, donde considero que hay razón para la iniciación de investigaciones Nosotros tenemos en la Corte respecto al juzgamiento de los diputados, una posición dividida. Se dice que a nosotros nos toca investigarnos a nosotros mismos. Hay dos fases para la investigación. Una para recoger pruebas. El material probatorio necesita experticias. Tú puedes tener una prueba sumaria, entre comillas, pero aun con esa prueba sumaria, no tienes la certeza de la vinculación del sujeto imputado, para poder decir: "tu estás vinculado". Sobre esa fase de investigación, aquí en la Corte hay un planteamiento divido que dice: nosotros mismos tenemos que hacer la investigación, porque la Constitución dice que la Corte investigará y procesará. Entonces hay un grupo de magistrados que decimos que si hablamos de un sistema constitucional de derecho, la Constitución dice que el Ministerio Público es el ente investigador de los delitos, de los hechos delictivos. Hay una norma que dice que la Procuraduría General es la Institución obligada a hacer la investigación de las personas a quienes nosotros como magistrados de la Corte, nos corresponde juzgar.
Semblanzas: ¿Hay alguna propuesta respecto a esta relación Corte-Asamblea, Asamblea- Corte?
EAdT: Se dice que debe ser la Asamblea, pero que debe haber una detallada regulación del proceso, de manera que no dé lugar a subjetivismos, excepciones, porque abrir paso a las excepciones es lo que produce ese criterio de: "¿por qué a mí sí y al otro no?". Y en el caso de los magistrados de la Corte, igual. Si los magistrados tenemos que juzgar a los diputados, tiene que haber un procedimiento diáfano, claro, preciso, que no dé margen a eso mismo.
Semblanzas: ¿No se habla de la posibilidad de crear un tribunal entre la Asamblea y la Corte?
EAdT: Sí se habla de un tribunal disciplinario, sin embargo, ese tribunal no es para los hechos delictivos, ni los policivos, sino en el ámbito de faltas disciplinarias y faltas a la ética. Yo le digo con toda sinceridad que en el nuevo período presidencial en la Corte, se tiene la obligación de hacer una revisión inmediata de todas las situaciones que son cuestionables en el tema de los procesos disciplinarios contra los funcionarios y reconocer que también los magistrados estamos sometidos a este régimen ético y disciplinario. Eso tiene que ser una acción inmediata.
Semblanzas: ¿Estamos ante un modelo agotado, hay que renovarlo?
EAdT: Hay que renovarlo. Se dice: "hay que sacar al corrupto". Eso es cierto y estoy convencida de que no podemos darle la vuelta, o escudándonos por otros caminos para o atender una situación de corrupción denunciadas.
Semblanzas: Vamos a un aspecto concreto. Algunos usuarios de los servicios de la Corte se quejan, por ejemplo, del tráfico de influencias. Hay quienes señalan que si se apela a "x" o "y" abogado, de repente los fallos le pueden ser favorables ¿Cómo vencer eso, cómo resolverlo?
EAdT: Cuando una persona siente que la decisión del juzgador no se apega a derecho, tiene el mecanismo de ese análisis jurídico de lo que hizo o no el juzgador. "Los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios", pero la ciudadanía debe saber que eso no significa que el foro tiene la imposibilidad de evaluar si hubo un estudio, un análisis o la aplicación exacta del derecho.
Semblanzas: ¿Qué requiere eso?
EAdT: El análisis jurídico del Foro, las academias, las universidades. Es importante que se tome como fórmula el análisis académico. No el ataque, porque no te resolví el derecho a tu favor. La gente percibe a la justicia como poder. Todos tenemos ese enfoque. Por eso yo hablo de cambio de paradigmas, porque la justicia no es poder, la justicia es servicio. Pero usted que viene aquí, quiere que yo lo escuche para que le resuelva a su favor. La ciudadanía empuja: "aquí es cuestión de contacto", dice la gente.
Semblanzas: "la justicia no es poder, la justicia es servicio", pero no es esa la percepción que hay en la sociedad.
EAdT: La percepción de la ciudadanía es que la justicia es poder. De todos. No solo los grandes poderes, sino hasta los niveles más bajos.
Semblanzas: ¿Cambiar ese paradigma, por dónde comienza?
EAdT: Ese paradigma tiene que cambiarse desde dentro de la Institución. De las 29 propuestas que lo conforman, 18 nos tocan a nosotros como órgano judicial. Como subcomisionada lo dije. Este proceso de transformación se ha iniciado, no ahora con el pacto. Hay que trabajar con la gente, y poner en blanco y negro que al corrupto se va a sacar.
Semblanzas: ¿Pero cómo enfrentar, por ejemplo, ese tráfico de influencia del que hablábamos anteriormente?
EAdT: El que cuestiona hoy tiene que llenarse de valentía y coraje y hacer la denuncia y decir: "se está exigiendo que se cambie la ley para resolver un problema, no personal sino de clientes y de intereses". Cuando a la gente se le desenmascare, habrá entonces la cooperación ciudadana. Hay que romper con esa doble moral. Es atrevernos, porque hay quienes dicen "si yo denuncio esto, lo que me voy a buscar es un problema". Bueno, habrá que sacrificar algo. Es posible que si es una persona haya riesgo, pero si se trata de un grupo, la cosa puede funcionar.
Semblanzas: Existe la percepción de que abogados, magistrados y jueces están sometidos a la presión de un gran poder económico, omnipresente y poderoso. ¿No hay que fortalecer institucionalmente al sector judicial para soportar estas presiones?
EAdT: Es un principio cierto. Los intereses, los poderes se utilizan no solo en la justicia, sino donde se necesitan. Si los tienes los vas a utilizar. Por eso decía que el cambio, la fortaleza, la reforma estructural que plantea el pacto, que puede empezar con asuntos de orden administrativo, llega hasta el fortalecimiento de la independencia de criterio frente a los grandes poderes económicos, frente a las presiones de grupos sociales, frente a la presión de los medios de comunicación, que pueden llevar a declarar culpable a una persona, sin serlo. O enfrentas a esos abogados que saben que no tienen las fórmulas jurídicas para plantear sus demandas y las llevan a los medios de comunicación para hacer presión sobre la independencia del juzgador. Esa fortaleza de la independencia del juzgador hay que trabajarla con formación.
