La UNESCO y La Ley Gustavo

LOS OBJETIVOS de la Universidad ante el Nuevo Siglo formulados en el encuentro organizado por la UNESCO en Salamanca en noviembre de 1997, establecen que "la equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más concretamente con la enseñanza secundaria" y el artículo 6 de la Declaración dice que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Añadiendo que:
a. La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados.
b. La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre la educación.
c. En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría.
Igualmente, el artículo 7 del documento en mención, llama a " Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las necesidades de la sociedad." En tanto que el artículo 8 hace obligante " La diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades."
Empero, para la Universidad de Panamá, institución que prepara docentes en todas las disciplinas que se enseñan en los niveles y modalidades de la educación secundaria, esta "...nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza" se ha venido soslayando durante décadas.
La Universidad, atrincherada en su autonomía, sin ninguna coordinación con el Ministerio de Educación y sus dependencias, gradúa licenciados cuya formación no los capacita para enseñar.
Al terminar la licenciatura el aspirante a docente, cruza la transístmica y se matricula en la Facultad de Educación para obtener, después de tres semestres, todavía sin vículos con lo que será su mundo de trabajo. Será al finalizar los tres semestres de estudios pedagógicos, durante el mes de práctica, cuando por primera vez entra al desconocido mundo de los adolescentes en un recinto de enseñanza.
Si a lo anterior se adiciona el que en la Facultad de Educación no hay especialistas en didáctica en inglés, español, matemáticas, química, historia, geografía, comercio, etc., y que, entre ésta Facultad y las demás facultades no hay coordinación , como tampoco la hay entre ésta y el Ministerio de las Educación, se puede colegir la calidad de docente que se entrega al país.
Hoy, a despecho de que se afirma que este cuarto proyecto de ley sometido a votación, es para modernizar la Universidad, lo cierto es que con la descentralización del Consejo Académico y de realizar elecciones cada cinco años en vez de tres, lo que se persigue al igual que los proyectos anteriores, es asegurar la reelección. Más allá de eso, nada nuevo ni menor, toda vez que soslaya lo que en el mundo de hoy se denomina pertinencia con la sociedad. Así se prolonga la agonía y la crisis académica, moral y económica de la institución.
Tomando en consideración que la Universidad de Panamá con sus Centros Regionales y Exstensiones docentes, ella en sí es un subsistema de educación superior y que conjuntamente con la Universidad Tecnológica, UDELAS y UNACHI conforman un Sistema de Educación Superior Estatal y que, además, en el país operan otras treinta y tantas universidades particulares, y que, sin excepción, todas carecen de la necesaria pertinencia, es urgentemente necesario que la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional convoque a las organizaciones económicas, educativas, científicas, culturales y políticas para abrir un debate nacional sobre la Educación Superior para el siglo XXI. La comisión de educación de la asamblea nacional tiene la palabra.
Peor aun. El país vive en una zozobra permanente, debido a los incrementos semestrales de las tarifas de energía, determinadas por los productores, a expensas de consumidores indefensos, y de un Estado que con la legislación actual, está de manos atadas.
Son debilidades nacionales que se reflejan además en las recientes licitaciones de compraventa de energía y potencia, en donde se ha discriminado a algunos participantes térmicos, sin embargo, los precios ofertados por las mayores hidroeléctricas del país han calificado como propuesta onerosas y antieconómicas dando la percepción que ésta energía es producida con derivados del petróleo.
La prioridad e integralidad en la formulación de nuestra política energética debe también eliminar obstáculos, tal es el caso de la ya aprobada Ley de Mini hidros que hasta la fecha no ha sido reglamentada y que seguramente va ha sufrir discriminaciones para el acceso a redes o limitación de participación del Mercado Mayorista. Tal tipo de discriminación constituye un obstáculo para la concreción de objetivos de promover el uso de fuentes limpias de generación, siendo este uno de los objetivos prioritarios en materia de política energética. Sin embargo, ha falta de un ente que ejecute las políticas energéticas, el ERSP se abroga el derecho de promover proyectos hidroeléctricos, sobrepasando su verdadera razón de ser que es la de "regular". Hasta tanto no se canalicen las responsabilidades del sector energético con un solo ente que ejecute la política energética aprobando un programa plurianual de estudios, análisis energéticos y otros trabajos conexos del sector, los intentos de neutralizar los incrementos en los precios del petróleo serán insuficientes o nulos.
Es imprescindible hacer un plan nacional que incluya en toda su extensión nuestro principal recurso que es el agua, asociado a que el gobierno debe apoyar activamente el desarrollo de mecanismos de desarrollo limpio.
Los panameños aspiramos a tener urgentemente una política estatal en el sector energía con carácter integral que promueva la investigación para desarrollar fuentes de energía alternativa. Es necesario que el Estado tome las decisiones de política energética, para que estas sirvan de guía base para todo agente económico establecido en nuestro mercado e incentivos para el ingreso de nuevos agentes económicos. En síntesis la volatilidad de los precios del petróleo hacen impostergable la adopción de una política energética integral por parte del Gobierno Nacional.