Los militares peruanos negaron ayer ejercer presiones sobre el gobierno de Alberto Fujimori en busca de impunidad, sin embargo consideraron que las leyes de amnistía en su favor resultan insuficientes.
Los ministerios de Defensa y del Interior respondieron así, en un comunicado, a la oposición que los acusó de chantajear al gobierno para lograr leyes de amnistía que libren a los militares denunciados de cometer abusos durante la peor época de la violencia guerrillera (1980-1992).
El comunicado informó que, según expertos, esas leyes "resultan insuficientes para garantizar que sus efectivos no sean víctimas de represalias que pretenden desatar algunas instituciones resentidas por la lucha antisubversiva".
La violencia rebelde dejó en Perú unos 30.000 muertos y más de 25.000 dólares en pérdidas materiales.
El delito, cometido en Lima en 1992, quedó impune y los oficiales salieron libres y sin cargos.
El tema de la amnistía atascó el viernes el diálogo entre el gobierno y la oposición peruanos, que pidió un plazo para que se vote en el Congreso el recorte definitivo del mandato de Fujimori y la definición de la fecha de las elecciones generales.
Los oficialistas respondieron que el recorte del mandato presidencial sólo puede aprobarse dentro de un paquete de normas que llamaron de "reconciliación nacional" -leyes de amnistía a militares- y para reformar las entidades electorales.
Las fuerzas armadas aclararon que si bien están prohibidas de participar en asuntos políticos, no están impedidos de expresar su preocupación "ante las reticencias de algunos sectores a la implementación de una genuina política global de reconciliación".
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