El Juez Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala, Henry Monroy, ordenó ayer, la libertad del sacerdote Mario Orantes, quien estaba acusado por el asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998.
Monroy, en su resolución, también ordenó la clausura provisional del proceso que se había abierto para esclarecer el brutal crimen del prelado, perpetrado en el garaje de la casa parroquial de la Iglesia San Sebastián, de esta capital.
El Juez explicó a la prensa que su falló se debió a que no encontró evidencias de la participación del sacerdote en el hecho criminal, a pesar de que el Ministerio Público (MP) y su fiscal especial, Celvin Galindo, habían pedido ayer que se le abriera proceso judicial a Orantes en base a una prueba científica que evidenciaba su implicación.
El fallo emitido por Monroy era el que había solicitado el abogado defensor del sacerdote, José Toledo, y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA).
El director de la ODHA, Ronald Ochaeta, dijo que tanto el jefe del MP, Adolfo González, como Otto Ardón, quien actuó como fiscal especial del caso hasta diciembre pasado, "se equivocaron en la estrategia", porque la acusación de asesinato que le imputaron en octubre pasado a Orantes era "insostenible".
Orantes fue detenido el 22 de julio de 1998, a petición de Ardón, como sospechoso del crimen de Gerardi, obispo auxiliar de Guatemala y creador del proyecto interdiocesado de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), Guatemala: Nunca más, en el que se documentaron más de 55.000 violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado de 36 años.
Un 80 por ciento de los casos documentados en el informe, que Gerardi había revelado 54 horas antes de su brutal asesinato, se le imputó al Ejército y un 7,3 por ciento a la guerrilla.
Desde un principio, Orantes se declaró inocente y la Iglesia Católica sostuvo que el sacerdote había sido detenido para ocultar a los verdaderos responsables del crimen.
La Iglesia Católica, los seguidores de Orantes y su familia no ocultaron su satisfacción al conocer el fallo judicial emitido por Monroy.
Sin embargo, el asesinato del obispo seguirá en el misterio.
El caso ha quedado como el día del asesinato del prelado, perpetrado el 26 de abril de 1998 en el garaje de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, sin detenidos, porque Orantes era el único.
Primero fue absuelto por los tribunales el indigente Carlos Enrique Vielman, el primer sospechoso detenido por la policía cuatro días después del asesinato de Gerardi.
Como en el caso de Vielman, el Juzgado tampoco encontró pruebas fehacientes para abrir un proceso judicial en contra del sacerdote, quien era auxiliar de la víctima, como lo había pedido el fiscal especial, Celvin Galindo.
A pesar de que se ordenó su libertad, el sacerdote seguirá sujeto a investigación y ligado al proceso.
Para la Iglesia Católica, la libertad de su miembro representa un "día de fiesta" y "golpe" a la Fiscalía por su "ineficacia" para esclarecer la muerte violenta de Gerardi.
El arzobispo Primado de Guatemala, Próspero Penados, dijo que "estamos contentos" porque lo acusaban del asesinato sin tener pruebas.
"El padre Orantes está libre y eso es un paso positivo, era una espina que teníamos porque era un miembro de la Iglesia el que estaba en esas condiciones", destacó el arzobispo Primado de Guatemala, Próspero Penados.
Penados recalcó que los obipos quieren justicia para los verdaderos responsables del asesinato de Gerardi, y aseguró que la Iglesia garantiza la permanencia de Orantes en el país, porque, según la resolución judicial, no podrá salir de Guatemala.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Ronald Ochaeta, reiteró que el Ministerio Público (MP) quería enjuiciar a Orantes sin evidencias concluyentes.
Ochaeta sostuvo que tanto el Fiscal General, Adolfo González, como el anterior fiscal del caso, Otto Ardón, "se equivocaron en su estrategia".
