Lluvia detiene protestas de sindicatos argentinos

Una fuerte lluvia ahogó los actos centrales realizados ayer en Buenos Aires en el marco de una huelga general convocada por dos centrales obreras opositoras, contra la política económica lanzada por el gobierno de Fernando de la Rúa.
Entre dispersas "ollas populares", los manifestantes agolpados frente al Congreso se hicieron oír con bombos y cánticos que callaron repentinamente cuando un aguacero los sorprendió en medio de la calle.
La avenida frente al Congreso estaba poblado al mediodía con unos 400 manifestantes que querían hacer sentir su descontento con el actual esquema económico y las recientes medidas anunciadas por el gobierno.
De la Rúa hace dos semanas propuso medidas de ajuste que incluyen la abolición del estatal sistema de jubilaciones y el congelamiento del gasto público por cinco años.
Las medidas, apoyadas por organismos multilaterales de crédito, fueron un baldazo de agua fría para el gremialismo.
En 11 meses de gobierno, De la Rúa enfrenta la tercera huelga general, frente a las nueve protestas que acumuló su antecesor Carlos Menem en 10 años de mandato.
La medida de fuerza de 36 horas fue convocada por el ala disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por el líder camionero Hugo Moyano, y por la izquierdista Central de Trabajadores Argentinos (CTA).Al cese de actividades se sumará hoy la CGT oficial con una huelga por 24 horas.
Durante las primeras horas se registraron movilizaciones, cortes de calles y ollas populares comenzaron a sonar, sin que se registraran disturbios.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, manifestó que no se habían informado de choques con manifestantes que cortaron rutas en distintos puntos de todo el país, como también en los accesos a esta ciudad.
En algunos de los accesos a esta ciudad se pudo observar la quema de neumáticos para evitar el paso de autobuses, pero la policía no intervino y se mantuvo expectante.
Las medidas abarcan un congelamiento de los presupuestos federal y provinciales por cinco años, la eliminación del sistema estatal de jubilación y la reducción de las futuras pensiones. También el acceso de las empresas de medicina privada a las llamadas "obras sociales", hasta ahora controladas por los sindicatos, que brindan prestaciones médicas a sus afiliados.
Los sindicatos también reclaman por el mantenimiento, en el presupuesto para el año próximo, de las reducciones de salarios a los empleados estatales, que el gobierno dispuso en abril.