El gobierno británico, pese a sus reticencias a implicarse de nuevo en el caso Pinochet, se verá obligado a precisar la fecha en la que reconoció oficialmente al ex dictador como jefe de Estado, después de que tomara el poder, atendiendo así las demandas formuladas por los abogados de ambas partes.
Los abogados de España y de la policía británica indicaron el miércoles ante los jueces Lores encargados de decidir sobre la inmunidad del ex dictador, que habían podido redactar con el acuerdo de los defensores de Pinochet una petición formal en ese sentido dirigida al Foreign office.
Los Lores destacaron que esperaban una "respuesta rápida" a la demanda. Para los defensores de España, que reclama la extradición de Pinochet,
esta cuestión es de primera importancia, pues cuentan destacar que Augusto Pinochet no beneficiaba de la inmunidad reconocida a los jefes de Estado en un cierto número de crímenes que le son reprochados antes de que asumiera el poder. El abogado de España y de la policía británica, Alun Jones, citó el ejemplo de 70 oficiales de marina torturados entre el 1 y el 8 de agosto de1973. También afirmó, sobre la base de la demanda de extradición española, que cuando comenzó el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, por lo menos 20 personas fueron torturadas y probablemente muertas, cuando Augusto Pinochet aún no se había proclamado jefe de la junta militar.
El Foreign office (ministerio de relaciones exteriores británico) indicó ayer que en cuanto reciba la demanda, responderá "rápidamente".
Por otra parte, los abogados hicieron numerosas referencias al proceso de Nuremberg contra los oficiales nazis, subrayando que el general Pinochet no podía reivindicar la impunidad sólo en nombre de su ex estatuto de jefe de Estado.
"Nuremberg demostró que los crímenes internacionales son cometidos por hombres, no por las instituciones", dijo el abogado Christopher Greenwood.
"No hay inmunidad según el derecho internacional" para los crímenes reprochados al general, quien desde hace tres meses se encuentra en arresto domiciliario en Londres, afirmó uno de los abogados.
El abogado también destacó que en virtud de la Convención internacional contra la tortura, firmada tanto por Londres como por Chile, Gran Bretaña tiene "la obligación" de perseguir dichos crímenes, aún cuando hayan sido cometidos fuera de su jurisdicción.
Ayer en la tarde, la acusación debía ceder la palabra a Amnistía Internacional.
La organización de defensa de los derechos humanos fue autorizada por el equipo de siete jueces Lores reunidos desde el lunes para presentar sus argumentos en favor de un proceso contra "el senador vitalicio", como pudo hacerlo durante las audiencias de noviembre, que fueron luego anuladas.
Entretanto, los partidarios de Augusto Pinochet continuaron movilizándose en Londres, en el marco de una campaña de rehabilitación del general, organizada profesionalmente desde comienzos de semana por el entorno de la ex Primera ministra Margaret Thatcher. Los partidarios del ex dictador desfilaron por el centro de Londres a bordo de dos buses de dos pisos adornados con banderas chilenas pidiendo que Pinochet "sea devuelto a su casa".
