"Hagamos la fiesta, gocémosla; pero sobre todo, propongámonos la tarea de que al final nos quede algo más allá de la goma. Sobre eso hay que trabajar, o mejor "gastemos" la plata en algo más urgente, como asegurar el futuro de los pagos de premios a las carreras ordinarias".
Con la idea anterior cerramos esta columna el pasado 23 de junio, cuando nos referíamos a la condición de "apagafuegos" que ha asumido nuestro país en lo relacionado al clásico Internacional del Caribe.
Nuestra expresión no era producto de la causalidad, sino el resultado de una amenaza real que, desde entonces, ya sabíamos que se estaba asomando sobre el pago de los premios en las carreras ordinarias que semanalmente se programan en el Hipódromo Presidente Remón. Y eso lo sabían todos.
Finalmente, el jueves de la semana pasada, el asunto dejó de ser una especulación para materializarse en una amenaza concreta. Esto motivó que los gremios de propietarios, jinetes, entrenadores y demás sectores relacionados con el espectáculo se movilizaran mediante una protesta que produjo el retraso de las carreras por poco más de media hora.
Se está buscado la fórmula para garantizar la estabilidad de los premios por las próximas semanas, en espera de que se haga la luz desde arriba. Hoy habrá una reunión al respecto.
Ya hemos establecido que existe una ley que obliga al Gobierno a realizar un aporte anual, tanto para la Serie Hípica del Caribe como para la bolsa de premios en la carreras regulares.
La iniciativa ya tiene más de cuatro años de vigencia y debe ser honrada por el Estado hasta tanto no medie una ley que derogue la Ley 71 de 6 de septiembre 2011, aprobada por la Asamblea Nacional. Es decir, que podrán poner todas las trabas que quieren y demorar una eternidad, pero al final habrá que aportar el dinero, porque es ley.
Ahora bien, en innumerables ocasiones hemos señalado que esa iniciativa, que quizás tuvo su génesis en la "buena voluntad" de los diputados y la gestión oportuna de algunos interesados, se constituiría en un arma de doble filo.
Lo dijimos antes, y lo sostenemos ahora; subsidiar a la empresa Hípica de Panamá, con el eufemismo de apoyar a la industria hípica, fue un error que, eventualmente, se pagaría caro.
El hipódromo es un monumento a la inacción. Sus predios parecen un muladar, que en cualquier momento se inundará; no hay inversión en promoción del espectáculo; se están haciendo ajustes en el recurso humano; el estacionamiento "familiar" es un área sin dios ni ley; el servicio de las máquinas vende-paga y de la mayoría de sus operarios es lastimero; el área de establos, después de cierto momento, es tierra de nadie; aparecen jinetes extranjeros en el Programa por arte de birlibirloque, y así pudiéramos seguir enumerando males, con el Laboratorio de Análisis de Drogas incluido.
Entonces, cuando uno observa y se entera de tanta pereza administrativa y tanto dejar hacer, dejar pasar, se pregunta si es bueno que con los impuestos de todos los panameños se esté subsidiando "esta cosa".
Valientes y entusiastas los dueños de caballos, criadores, apostadores y profesionales que siguen remando el barco para que llegue a puerto seguro, pero indiscutiblemente que le falta un capitán para llevar el timón.
Y volvemos al principio. A estas alturas parece un poco tarde, pero hay que repensar aquello de estar haciendo fiestas para que bailen otros.
