Lo que pareció una buena noticia para los dueños de caballos, repentinamente se ha vuelto un tema de preocupación.
Gracias a la diligencia de un grupo representativo de los inversionistas se logró que se incluyera en la Ley 8 del 15 de marzo pasado un artículo que a la letra dice: “La Sala de Máquinas Tragamonedas del Hipódromo Presidente Remón pagará a la Junta de Control de Juegos el 10% de sus ingresos brutos de forma mensual. Luego de deducir el 10%, destinará el 25% de sus ingresos brutos para el pago de premios producto de la actividad hípica en este hipódromo”.
Para sorpresa y desencanto de los dueños de caballos, ha trascendido que en la Comisión de Hacienda Pública de la Asamblea Nacional se está gestando una modificación al artículo con el propósito de variar la parte que especifica que el 25% será “para el pago de premios”.
De darse esta situación, sería una estocada a la industria hípica, lo cual a la vez provocaría un estancamiento en el ánimo de los compradores de equinos y, eventualmente, se estaría fraguando la liquidación del espectáculo de las carreras en vivo.
En nuestras últimas entregas, hemos enfatizado sobre el tema de inyectar la bolsa de premios, puesto que ésta es como un tanque de respiración que garantizará la longevidad de la industria, y si la empresa operadora no está en condiciones de hacerlo por autogestión, entonces bienvenida sea la ayuda estatal mediante esta disposición.
Sabemos que los hípicos se están acercando a la Asamblea Nacional para plantear su realidad y solicitar que no se les escamotee esta conquista. Ojalá se les escuche, porque de lo contrario se estará asestando un golpe letal a un deporte que suple de empleo a cientos de panameños y ha reportado glorias inconmensurables a este país.
