Varios miles de manifestantes, convocados por el opositor Partido de los Trabajadores (PT), con apoyo de otros partidos de izquierda y sindicatos, salieron a las calles de Brasilia para pedir que se investiguen las denuncias de corrupción en el Gobierno de Brasil.
Con pancartas, banderas, megáfonos y grandes gritos, los manifestantes pasaron por delante del Palacio presidencial de Planalto y la sede de la cancillería brasileña, en la que estaban reunidos el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, y el primer ministro francés, Lionel Jospin, creando un verdadero caos circulatorio en la ciudad por varias horas.
Los manifestantes, unos 8,000 según fuentes policiales, y muchos de los cuales llegaron en autobuses desde varias partes del país, pidieron la convocatoria de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para que sean dilucidadas las denuncias de corrupción contra el gobierno.
Los manifestantes instalaron un panel frente al Congreso en el que se identifica a los parlamentarios que firmaron el requerimiento para instalar una comisión para investigar las denuncias de corrupción, que todavía no ha conseguido apoyo en el Congreso.
El líder del PT, Luiz Inácio "Lula" da Silva, criticó duramente los "métodos" del gobierno para impedir que se instale esa comisión.
Esta manifestación se produjo después de que Cardoso lanzó el martes un plan anti-corrupción, cuya medida principal es la creación de un organismo con rango de ministerio para investigar las denuncias.
Las denuncias se originaron principalmente en el líder del conservador e integrante de la coalición gubernamental Partido del Frente Liberal (PFL), Antonio Carlos Magalhaes, quien arremetió contra el gobierno justo cuando perdió la presidencia del Senado.
Cardoso se opuso frontalmente a instalar la comisión parlamentaria por considerarla una medida electoralista, pues Brasil celebrará comicios presidenciales en 2002, hecho que ha debilitado la coalición gubernamental.
"El gobierno se opuso a la creación de una CPI porque mezclaba un cóctel de cuestiones dudosas, otras fantasiosas, otras reales", dijo Cardoso, quien insistió que todas esas denuncias ya están siendo investigadas hace tiempo.
Cardoso, que llegó al poder en 1995, insistió en que desde entonces implantó medidas contra la corrupción en el Estado, aunque reconoció que la investigación "es lenta", lo que representa "un caldo fértil para el uso político de la denuncia".
Ello -añadió- genera "una sensación creciente" de impunidad en la sociedad, razón por la cual creó una Corregidoría General de la Unión, con rango ministerial y autoridad para "accionar" y sobre todo "acelerar" las medidas necesarias para investigar las irregularidades.
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