Más de 11, 500 personas que viven hacinadas en unas 24 cárceles de Honduras son víctimas de la justicia, según revela un informe preparado por una juez y difundido en Tegucigalpa esta semana.
El informe primero lo conoció la población, y por último el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Avila, según confesó con disgusto el propio magistrado.
El estudio confirmó que la justicia en Honduras no solo sigue siendo lenta, sino que aquí han ido a dar a la cárcel un albañil que se robó una gallina, o un campesino por vender una iguana, mientras que los acusados por defraudación y otros delitos, andan libres.
De las 11,541 personas que guardan prisión solamente el 8,2 por ciento han sido sentenciadas, subraya la investigación hecha por la juez Romelia Espinal Mendoza, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, organismo que es cuestionado por diversos sectores.
El número de prisioneros abarca hasta el 8 de febrero pasado, cuando concluyó el estudio de Espinal Mendoza, quien expresó que los tribunales tienen una "alta mora judicial que hay que pagar".
Entre la población recluida figuran 112 extranjeros, de los que 99 son hombres y 13 mujeres. De ellos solamente han sido sentenciados 39.
Pero además de la lentitud de la justicia, los reos son víctimas del hacinamiento y las deplorables condiciones físicas de los presidios, algunos muy viejos construidos con paredes de adobes que están agrietadas, lo que ha permitido algunas fugas masivas.
En los últimos tres años unos seis presidios fueron incendiados por los reclusos en protesta por las malas condiciones de vida y de los inmuebles.
