El gobierno mexicano analiza las actividades de 40 sacerdotes extranjeros en el estado sureño de Chiapas y podría deportarlos, publicaron ayer los diarios.
La investigación fue precedida por la deportación el jueves del sacerdote francés Michel Chanteau, acusado por las autoridades de inmigración de incurrir en "actividades políticas".
Los diarios, citando fuentes de la secretaría del Interior que no identifican, dicen que los agentes de inmigración interrogarán a los feligreses de Chiapas sobre las presuntas actividades políticas de sus sacerdotes.
La Constitución mexicana prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en la política nacional. El gobierno lo aplica especialmente en Chiapas, donde las guerrillas del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional emprendieron una rebelión armada en enero de 1994.
Los políticos conservadores de Chiapas acusaron frecuentemente a la Iglesia Católica del estado, y particularmente a los sacerdotes extranjeros, de apoyar a los rebeldes.
Sin embargo, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, de donde fueron expulsados más de 10 sacerdotes en los últimos tres años, dijo que sólo 3 de sus 60 sacerdotes son extranjeros.
