En nuestro país el Procurador inició una investigación que llevó a juicio a un Magistrado de la Corte por venal y, aunque esto se sabía entre otros Magistrados, Legisladores, abogados, comunicadores sociales y el mundo económico, la oposición de ese entonces politizó el juicio y defendió al acusado a capa y a espada
Cabe reconocer que las donaciones institucionales por parte de Taiwán no plantean los mismos problemas que las donaciones personales y el pago personal por "asesoría" de parte de una empresa contratada por el Estado, aunque las donaciones de Taiwán de cualquier tipo han adquirido una muy mala fama y requerirían una investigación especial..
Es evidente que el Fiscal General de Costa Rica y más ampliamente el Órgano Judicial han demostrado su poder real y su independencia de criterio. El Presidente Abel Pacheco ha mantenido una actitud correcta de respeto a la actuación de los otros Órganos del Estado, aunque los dos ex -Presidentes más afectados hasta ahora son sus copartidarios. Estas autoridades son los que nos dan esperanza de que Costa Rica saldrá del hueco en el que ha caído y lo logrará no renegando de su democracia, sino reformándola y perfeccionándola desde lo hondo de su cultura política hasta la cumbre su poder político.
Tales características desgraciadamente casi no existen en Panamá. En nuestro país un Procurador honrado debe pasar buena parte de su tiempo deshaciendo los intentos de legisladores junto con Magistrados de la Corte por hacerlo renunciar. También las diversas maneras de reducirle sus facultades legales, como hizo la Asamblea por la Ley 2 enero de 1999 y la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999. De hecho mediante la Ley 2 se le quitó al Procurador el control efectivo del personal de la PTJ, que es su brazo operativo de investigación judicial , y mediante los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 59, se estableció que cualquiera denuncia por enriquecimiento injustificado se hará ante la Contraloría, no ante el Ministerio Público, que la Contraloría, iniciará el proceso para determinar si los hechos denunciados constituyen un tal enriquecimiento efectivamente y sólo si la Contraloría determina que existe el mismo deberá remitir copia auténtica de lo actuado a la Procuraduría. Cuando la constitucionalidad de dicha ley fue denunciada ante la Corte Suprema, el Magistrado Adán Arnulfo Arjona, salvó su voto, explicando el 13 de mayo del 2004: "La Ley 59 de 1999 crea sin sustento constitucional una especie de prejudicialidad respecto al delito de enriquecimiento patrimonial no justificado, al dar a entender, a mi juicio en forma errónea, que la Contraloría General de la República es a la que le corresponde investigar en primera instancia y si estima el enriquecimiento injustificado debe remitir lo actuado a la Procuraduría General de la Nación."
En Panamá una Presidenta consideró que podía usar cuantiosos fondos públicos para comprarse lujosísima vestimenta, múltiples joyas, mientras cometió numerosas violaciones a la honestidad y a las buenas costumbres y repartió dinero del Estado a sus allegados para fines privados o dudosamente públicos. El poder ejecutivo pudo ser acusado de sobornar a miembros del poder legislativo con la finalidad de pervertir al poder judicial, y la investigación correspondiente no ha podido prosperar porque numerosos legisladores se acorazaron con la inmunidad de la que gozaban a menos que ellos mismo votaran levantársela (los que se negaron fueron sobre todo los entonces oficialistas); un legislador pudo mostrar por televisión los $6,000 de dólares que le fueron dados para sobornarlo por una empresa privada, y la empresa no ha sufrido ningún castigo y el legislador fue reelecto por más de 60% de su electorado con el apoyo político público de la Presidenta. En nuestro país el Procurador inició una investigación que llevó a juicio a un Magistrado de la Corte por venal y, aunque esto se sabía entre otros Magistrados, Legisladores, abogados, comunicadores sociales y el mundo económico, la oposición de ese entonces politizó el juicio y defendió al acusado a capa y a espada, con sus votos legislativos evitó que lo condenaran de manera que el acusado retornó a su Magistratura, osó proponerle a la Presidenta que él renunciaría si él podía escoger a su reemplazo en la persona de un familiar y colaborador suyo, y cuando se retiró, recibió del Estado la suma de aproximadamente $300, 000 en salarios caídos por el tiempo que estuvo separado de su cargo durante la duración del juicio..
Por ello, sólo si transforman la Contraloría, las Procuradurías y las Magistraturas en la Corte Suprema, con el inequívoco liderazgo de nuestro nuevo Presidente y su equipo y con el apoyo y la participación de los dirigentes de la sociedad civil, podremos frenar primero y luego reducir drásticamente la corrupción, aproximándonos así al ideal de 0 corrupción.
Hay medios que confunden el periodismo investigativo con una campaña sistemática contra un funcionario, a tal punto que los periodistas mismos se quejan de que sus jefes alteran la información que ellos entregan para atacar al funcionario víctima de la campaña.
Si los próximos nombramientos se sitúan a nivel cualitativo del primer nombramiento a la Corte y del nombramiento del Gerente del Banco Nacional habremos avanzado decisivamente en el sentido deseado. Podemos aprender mucho de Costa Rica y de otros países, pero hay rasgos de nuestra cultura que necesitan atención específica para hacerle frente a la corrupción. Por ejemplo, las referencias a todos los políticos en bloque, sobre todo cuando se denuncia algún mal, desincentivan a los políticos honestos. El presidencialismo extremo conduce a que los presidentes reciban de sus colaboradores más cercanos insuficientes perspectivas críticas hasta cuando ya tienen que confrontar las críticas de los opositores o de los independientes. Hay medios que confunden el periodismo investigativo con una campaña sistemática contra un funcionario, a tal punto que los periodistas mismos se quejan de que sus jefes alteran la información que ellos entregan para atacar al funcionario víctima de la campaña. La parcialización a favor de una persona o un grupo, callando sus fallas y errores mientras se destacan los de otra personas o grupos, distorsiona la opinión pública.
Como afirma Jacques Alliard en La Faute aux élites (Gallimard 1997) la democracia representativa está siendo sustituida por la "doxocracia" o democracia de opinión pública, que tiene a los medios y a sus directores y propietarios como actores políticos pincipales. En América Latina esta sustitución ha avanzado en buena medida en detrimento del ciudadano común y corriente, incluso de sus representantes y de los partidos y en beneficio de los directores y/o propietarios de medios y de los publicistas y encuestadores.
La democracia sufre hoy más que nunca de una nueva vulnerabilidad, ya no tanto ante el peligro exógeno de los militares, sino ante el peligro endógeno a veces debido a graves problemas económicos y/o a la corrupción, temas de mayor impacto en una "doxodemocracia" ya sea como realidad o como percepción..
Si recorremos el panorama de presidentes electos de las últimas décadas después de la caída de las dictaduras militaristas, nos encontramos:
Por lo menos 12 presidentes han sido depuestos, por iniciativa de civiles con relativamente poco impulso de los militares, a saber Antonio Guzmán ("82 Rep. Dominicana), Raúl Ricardo Alfonsín ("89 Argentina), Fernando Collor de Mello ("92 Brasil, Jorge Antonio Serrano Elías ("93 Guatemala), Carlos Andrés Pérez ("93 Venezuela), Abdalá Bucarán ("97 Ecuador), Raúl Cubas Grau ("99 Paraguay), Jamil Mahuad Witt ("00) Ecuador, Alberto Fujimori ("00 Perú), Fernando de la Rúa ("01 Argentina), Gonzalo Sánchez de Lozada ("03 Bolivia) y Jean Bertrand Aristide ("04 Haití).
Otros 12 presidentes terminaron su período, pero tuvieron al salir de la presidencia o algún tiempo después graves problemas judiciales y/o legislativos por acusaciones de corrupción y/o mal manejo de la economía: Salvador Jorge Blanco ("87 Rep. Dominicana), Alan García Pérez ("85 Perú), Rafael Callejas ("94 Honduras), Carlos Salinas de Gortari ("94 México), Ernesto Samper ("98 Colombia), Carlos Saúl Menem("99 Argentina), Juan Carlos Wasmosy ("02 Paraguay), Luis González Macchi. ("03 Paraguay), Alfonso Portillo (04 Guatemala). Rafael Angel Calderón Fournier ("04 Costa Rica), Miguel Ángel Rodríguez ("04 Costa Rica) y José María Figueres (04 Costa Rica).
Cuatro presidentes siguen en sus cargos, pero están sometidos a graves cuestionamientos populares y/o legislativos y judiciales y su futuro es incierto: Hugo Chávez Frías("04 Venezuela), Enrique Bolaños ("04 Nicaragua) y Lucio Gutierrez ("04 Ecuador) y Alejandro Toledo ("04 Perú).
Cabe tener presente que la nueva vulnerabilidad afecta a presidentes de todas las ideologías; liberales, conservadores, socialdemócratas, democristianos., populistas, de antecedentes militares o civiles, en países grandes como Brasil, México y Argentina, medianos como Venezuela., Ecuador, Perú y Guatemala y chicos como Haití, Costa Rica y Bolivia, ricos y pobres, con diversos grados de presencia de las fuerzas armadas y diversas relaciones con los Estados Unidos de América, la única superpotencia.
El caso de Costa Rica y los otros casos latinoamericanos deben servirnos de grave advertencia a nosotros en Panamá. Acabamos de terminar un período presidencial que
se ha caracterizado por la peor corrupción de un gobierno democrático del que tengamos memoria, en el cual la Presidenta reconoció poco antes de terminar su período que tuvo a su disposición discrecional $23,400,000 y el Contralor declaró que, aunque examinó los documentos correspondientes y otorgó el finiquito, él no posee copias de las cuentas y recibos, que éstos se habrían "perdido" de las manos del personal de la oficina de la Presidenta. A pesar de que supo de la desaparición de tales documentos oficiales, el contralor no ha iniciado ninguna investigación para ubicarlos o denunciar a quienes los hubieran destruido. Ambos merecen una investigación exhaustiva y sin consideraciones, para que se haga justicia en ambos casos, ya que son los dos principales responsables por el desbarajuste financiero en que han dejado al país.
Hay quienes por el cinismo que les ha producido la impunidad de la que han gozado una parte de los poderosos de todos los regímenes auguran que nada le sucederá a los delincuentes de cuello blanco del gobierno pasado, porque eventuales delincuentes de cuello blanco que le atribuyen al nuevo gobierno lo que querrían no es acabar con la corrupción sino beneficiarse de ella. Los próximos nombramientos del Presidente y la Asamblea, tales el Contralor, los Procuradores de la Nación y de la Administración y los Magistrado/as de la Corte Suprema, serán decisivos desde este punto de vista. El primer nombramiento a la Corte y el del Gerente General del Banco Nacional han sido recibidos con gran beneplácito por el Panamá cívico y decente. Es de esperar que los que sigan merezcan y reciban igual recepción..
Si los próximos nombramientos se realizan a conciencia, sin politiquería, escogiendo gente que sea realmente capaz, efectivamente honesta y claramente decidida, la Presidencia de Martín Torrijos puede llegar a estar entre las mejores de nuestra historia.
Si de verdad queremos cambiar de rumbo., tendremos no sólo que responder con
una estrategia judicial contra los delincuentes mayores y otra estrategia de reforma de las instituciones decisivas, sino que tenemos que experimentar algo así como una conversión laica hacia estilos de vida ético-culturales más austeros y generosos.
Me he hecho y me sigo haciendo una pregunta a la que no encuentro respuesta plenamente satisfactoria: ¿qué desvió a mi amigo Miguel Angel Rodríguez del camino en el cual construía comunidad, servía al prójimo y se realizaba como un ser humano cabal hacía una vía destructiva, en la que abusó de su prójimo y enajenó su conciencia? Las posibles respuestas son múltiples, pero ninguna satisface plenamente porque la pregunta se dirige a lo más misterioso en el hombre mismo, el misterio de su libertad a escoger entre el bien y el mal. (ariyan@sinfo.net)
