Los militares ecuatorianos descartaron ayer su apoyo a una protesta que realizan miles de indígenas para sacar de su cargo al presidente Jamil Mahuad ante la grave crisis económica que afecta al país.
En la víspera, los indígenas hicieron oído sordo a la propuesta del gobierno de buscar una salida dialogada y se reunieron con la cúpula militar para pedirles que se unan a su lucha para remover a Mahuad, y disolver el Congrso y el poder judicial.
"Vamos a mantener el ordenamiento jurídico, la constitución. Existen leyes y todos debemos ajustarnos a ellas", dijo el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa encargado, general Carlos Mendoza.
"Nos debemos a la nación. El presidente (Mahuad) es parte del sistema democrático, de la constitución. En este sentido, los ecuatorianos y los militares hemos hecho un juramento y debemos mantenerlo", agregó en una entrevista televisiva.
Los indígenas, descontentos con la gestión de 17 meses de Mahuad, responsabilizan al mandatario, de 50 años, al parlamento y al poder judicial de ser responsables de la crisis que aqueja al país.
Además, acusan a Mahuad de favorecer con sus políticas a los ricos y agudizar la pobreza, y rechazan su plan de dolarizar la economía como vía para sacarla de la crisis.
Ecuador pugna por salir de la crisis, que en 1999 trajo una inflación del 60,7 por ciento, una recesión de un 7,5 por ciento, una caída de la moneda del 67 por ciento y una moratoria de la deuda externa de más de 13.000 millones de dólares.
Lo indígenas pidieron el miércoles a los militares que se les unieran para formar un denominado "gobierno de salvación", en el que todo el orden constituido sea quebrado.
Frente a la beligerante plataforma de lucha indígena, Mendoza sugirió que éstos opten más bien por participar en comicios dentro de la ley, como las elecciones legislativas de mayo.
"El sistema político, sistema democrático, tiene recursos por los que debemos regirnos si es que se quiere un cambio. El cambio tiene que ser democrático", declaró el jefe militar.
Los militares siempre han sido visto por la población como la piedra de salvación cuando Ecuador está inmerso en conflictos políticos. La última dictadura militar acabó en 1979.
Hasta el momento, ningún dirigente indígena ha declarado sobre la reacción de los militares y cómo avanzaría su protesta.
Según cálculos, no desmentidos oficialmente, unos 10.000 indígenas están en Quito participando en la protesta.
Antonio Vargas, jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, organismo que impulsa las protestas, ha señalado en varias ocasiones que su lucha no cejará hasta ver que Mahuad deje el mandato, que acaba en enero del 2003.
Sin embargo, otros sectores que disienten con Vargas, piden mayor atención social de Mahuad para combatir el actual 17 por ciento de desempleo y 62,5 por ciento de pobreza en este país de 12,4 millones de habitantes.
Informes periodísticos dijeron que el gobierno se reuniría con facciones de indígenas que opinan diferente a Vargas.
El portavoz presidencial, Carlos Larreátegui, dijo que la masiva presencia indígena no atemoriza al gobierno, y descartó que el orden público y constitucional esté amenazado.
"El gobierno lo que está haciendo es actuando con tolerancia pero con absoluta firmeza. No hay represión", dijo Larreátegui en torno al respeto de Quito al derecho a la protesta.
El gobierno apuesta a que los indígenas terminarán por cansarse y retornarán a sus campos para cuidar a sus animales y cultivos.
La policía inició el miércoles una campaña psicológica, al lanzar desde un helicóptero cientos de volantes a la zona donde residen los miles de indígenas, instándolos con mensajes en idioma español y quechua a retornar pacíficamente a sus tierras.
Mientras tanto, unos 30.000 policías y militares vigilan por sexto día todo el país en previsión de desórdenes o bloqueos de carreteras .
