Ciudad de México.- Cuando dos candidatos favoritos en una contienda presidencial aparecen prácticamente empatados a una semana de las elecciones, ambos ansían que se produzca algún acontecimiento que podría darles una crítica ventaja capaz de inclinar la balanza a su favor.
Este fin de semana el periódico La Jornada informó que Juan Pablo y Cristóbal Fox Quesada, hermanos del candidato panista Vicente Fox Quesada, realizaron transferencias financieras a Estados Unidos por casi dos millones de dólares.
De inmediato el Partido Revolucionario Institucional (PRI), blanco de años de acusaciones desde autoritarismo hasta fraude que lo incrustó durante 71 años como partido gobernante de México, solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) iniciar una investigación a un "presunto financiamiento ilícito a la campaña foxista.
El viernes, siendo el último día hábil para publicar estudios de opinión, el promedio de un total de siete encuestas colocaba al candidato del PRI, Fernando Labastida, entre el 38 y 42 por ciento, mientras que Fox oscila entre el 37 y 40 por ciento.
Si se tiene en cuenta el margen de error que se atribuye a todo estudio electoral, las encuestas no sirven para determinar quién será el vencedor de las eleciones el próximo 2 de julio, sobre todo teniendo en cuenta que entre el 15 y el 19 por ciento de los encuestados se declaran todavía indecisos.
Por eso la información de La Jornada, periódico que abiertamente favorece la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la Alianza por México, fue agua para el molino priísta.
En distintos discursos, el candidato del PRI, el ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida, exigió a Fox explicar "a fondo" lo de las transferencias y aclarar cuáles fueron los compromisos que adquirió a raíz de las supuestas transferencias.
Aun más significativo que los previsibles ataques del PRI es que Luis Felipe Bravo, dirigente nacional del PAN, se deslindó del manejo de los fondos utilizados por la agrupación "Amigos de Fox", poniendo así al descubierto las divisiones internas que agitan a este partido de derecha desde que Fox se rodeó de importantes asesores de la izquierda intelectual de México que ansían la derrota del PRI, partido que ha dominado el espectro político del país durante más de 70 años.
De estos asesores, Adolfo Aguilar Zinser, senador independiente, y el politólogo Jorge G. Castañeda, designados por Fox como su defensa jurídica y política, señalaron que las acusaciones son "una cortina de humo" para tapar los cargos de "compra de votos" que el PAN y otros tienen pendiente contra el partido oficial.
En respuesta a la documentación presentada por el PRI supuestamente probatoria de las acusaciones de que Fox es "el candidato de poderosos grupos económicos extranjeros", el responsable de finanzas de la campaña de Fox, Lino Korrodi, aseveró:
"Es una campaña de difamación contra Vicente. Ni un solo centavo ha entrado de afuera. Todo son donaciones de gentes, desde gente sencilla hasta profesionales y dueños de empresas.
En tanto el presidente Ernesto Zedillo, que ha tratado de mantenerse ajeno a la contienda, salió en defensa de la integridad del proceso electoral ante las denuncias del PAN y de la Alianza por México de que el PRI utilizara los programas, el fraude y la coerción para imponer su candidato el 2 de julio.
"Quienes afirman que se puede comprar la conciencia de los mexicanos mediante los programas sociales, pretenden manipular y engañar a la opinión pública nacional e internacional", acusó Zedillo en una rueda de prensa en Veracruz.
"Quienes hacen estas afirmaciones saben que están faltando a la verdad, y lo hacen pretendiendo engañar a la opinión pública nacional e internacional, porque esta idea la están promoviendo muy activamente en el extranjero, y lo hacen porque creen que así conviene a sus intereses políticos del momento. Eso esta mal y debemos lamentarlo", advirtió.
Sin embargo los observadores coinciden de que programas como Progresa, de ayuda a las comunidades marginadas, ofrecen una excelente oportunidad pra influenciar el voto.
"Lo más relevante han sido los condicionamientos para el acceso o la permanencia en los programas sociales a cambio del voto por el candidato o por el partido político," expresó la secretaria ejecutiva de la Alianza por el Cambio que potula a Fox junto con el Partido de Acción Nacional (PAN).
Esta tendencia, sin embargo, no sería un recurso exclusivo del PRI. En municipos gobernados por el PAN como en Aguascalientes las autoridades piden fotocopias de las credenciales de electores. Esto no significa un mecanismo directo de coacción, según la Alianza Cívica, pero deja entrever que la gente se siente a respaldarlo con su voto.
