El canciller de Nicaragua, Eduardo Montealegre, afirmó ayer que su país no acepta un "ultimátum" en el diferendo con Costa Rica por la navegación en el río San Juan, al iniciar una reunión considerada por los costarricenses como una "instancia final" en el diálogo.
"Nicaragua como ha demostrado en el pasado siempre está dispuesta a dialogar y no nos gusta ponernos ultimátum, ni plazos", declaró a la prensa Montealegre, minutos antes de iniciar el encuentro con su colega costarricense Roberto Rojas, en la sede de la cancillería, en San José.
Montealegre aseveró que su país está dispuesto a colaborar con el avituallamiento de los puestos fronterizos de Costa Rica, pero sin permitir la circulación de policías costarricenses armados por el limítrofe río San Juan, propiedad de Nicaragua.
"El ánimo de Nicaragua siempre ha estado por ayudar a los países vecinos. Estamos en la mayor disposición de colaborar en el avituallamiento de puestos fronterizos, siempre y cuando los derechos soberanos de Nicaragua sean intocables", aseveró el canciller nicaragüense.
Por su parte, Rojas consideró que esta reunión será la última instancia de las conversaciones bilaterales que llevan 18 meses sin éxito, y, de fracasar nuevamente, Costa Rica llevaría el diferendo a otro organismo internacional, como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
"Estamos esperanzados en lograr un avance definitivo en esta tema", comentó Rojas, brevemente, poco antes de instalar la reunión.
A la cita asiste como testigo de honor el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, nombrado facilitador del diálogo el pasado 8 de marzo, días después de que Costa Rica abandonara las conversaciones para solicitar la intervención de ese foro hemisférico.
Gaviria prefirió no dar declaraciones antes de que se realizara la reunión, pero el canciller Rojas destacó el papel que el secretario general ha desempeñado en estas conversaciones.
Esta reunión, cuyas conclusiones se presentarán a la prensa al final de la tarde, será la segunda de las citas bilaterales facilitadas por la OEA, pues la primera se celebró el pasado 15 de marzo en Managua, sin que rindiera frutos.
El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua surgió en julio de 1998, cuando el Gobierno nicaragüense prohibió la circulación de policías costarricenses armados por el río San Juan, alegando razones de soberanía.
Costa Rica, por su parte, reclama el derecho de sus autoridades policiales de navegar armados, amparado en estipulaciones consignadas en el Tratado Cañas-Jerez, de 1858, y el Laudo Cleveland, de 1888.
Los tratados conceden a Nicaragua el sumo imperio sobre la vía, pero reconocen a Costa Rica el derecho a la libre navegación con fines comerciales y fiscales, y a ejercer vigilancia sobre la margen derecha del río.
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