La Corte Suprema de Chile rechazó ayer los recursos de amparo presentados en favor de cinco ex oficiales acusados de homicidio por su participación en la llamada "caravana de la muerte".
La resolución adoptada por unanimidad mantuvo el arresto de Sergio Arellano Stark, jefe de la misión que recorrió Chile en octubre de 1973 para eliminar a opositores izquierdistas a la dictadura de Augusto Pinochet y a la que se atribuyeron 76 fusilamientos.
En la misma situación quedaron los oficiales retirados Marcelo Moren, Patricio Díaz, Sergio Arredondo y Pedro Espinoza, quienes fueron sometidos a proceso a comienzos de junio por el juez Juan Guzmán.
El magistrado abrió en enero de 1998 un sumario contra Pinochet, actualmente detenido en Londres, y los demás responsables de abusos a los derechos humanos durante la dictadura entre 1973 y 1990.
Los cinco ex militares procesados están acusados de secuestro calificado de 19 personas que permanecen hasta ahora desaparecidas. Ese delito se encuentra fuera del amparo de la ley de amnistía dictada en 1978 por Pinochet.
"El fallo sienta un precedente y da la posibilidad de que otros casos se puedan investigar, porque la gran mayoría está presentado en los tribunales de justicia como secuestro", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.
El abogado que representa a los familiares de las víctimas dijo que la resolución del máximo tribunal de justicia es un fallo "histórico".
"Es un fallo que viene a cumplir el anhelo de los parientes de miles de detenidos desaparecidos que ven ahora cómo los criminales comienzan a ser enjuiciados", dijo el abogado Hugo Gutiérrez.
Pese a que el recurso de amparo en favor de los ex militares no prosperó en ninguna instancia judicial y que la resolución de la Corte Suprema es inapelable, el abogado de Arellano Stark dijo que estudiará nuevos caminos para anular la acusación criminal.
"No podemos estar contentos con este fallo", dijo el abogado Claudio Arellano.
"Sin embargo, continuaremos estudiando el caso para pedir directamente al ministro Juan Guzmán y no a los tribunales superiores que anule la acusación criminal presentada en contra del general Arellano Stark", agregó.
La resolución de la Corte Suprema ordenó además la continuación del proceso que incluye la investigación del homicidio de Claudio Lavín, un tío del candidato presidencial derechista Joaquín Lavín, ocurrido durante la régimen militar en la norteña ciudad de Copiapó.
Un informe oficial emitido tras el restablecimiento de la democracia en 1990 dio cuenta de 3.197 muertos y desaparecidos por la violencia política durante el régimen de Pinochet.
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