El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la mayor fuerza de oposición nicaragüense, dijo ayer, que no habrá elección de Asamblea Constituyente, que sustituya los comicios municipales del 5 de noviembre próximo y las presidenciales del año 2001.
El presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, reiteró el jueves que a su juicio, Nicaragua necesita redactar una nueva Carta Magna, limpia de su actual ideología y que no ate al gobierno con la oposición en la selección de altos cargos públicos.
Alemán propuso no afectar las elecciones de noviembre del 2001 de presidente, vicepresidente y diputados, pero que éstos últimos sean investidos de rango constituyente, y "con facultades para "suprimir" después, al presidente y vicepresidente".
El jefe del grupo parlamentario del FSLN, Edwin Castro, ratificó que su partido "ha afirmado que en ningún momento va a respaldar una convocatoria a una Constituyente que sustituya elecciones municipales del año 2000 y las generales del 2001".
Castro añadió que "si el presidente (Alemán) pretende convocar a la Constituyente sin los votos del FSLN, está soñando, en este país van a haber elecciones, porque lo que manda la ley el FSLN respetará el juego democrático en Nicaragua".
Según la Ley el Parlamento es el único poder del estado facultado para convocar a elegir una Constituyente, que debe aprobar con voto de mayoría cualificada (al menos el 60 por ciento de votos de los 93 diputados, 35 de los cuales, son sandinistas).
El líder parlamentario sandinista retomó el llamamiento a un "diálogo nacional", que ayer el presidente Alemán anunció que no convocará, porque el FSLN considera que la crisis de Nicaragua es tal, que se requiere no sólo de ese foro, sino de "soluciones nacionales".
Castro reafirmó la voluntad "dialogante" del FSLN, demostrada a lo largo de nuestra historia, durante la "guerra de agresión" (entre 1981 y 1990), con el gobierno la entonces presidenta Violeta Chamorro (1990-1997), y con este gobierno.
"Si este gobierno en su prepotencia, obvia a todos para resolver un 80 por ciento de la población en pobreza y el aumento en el coste de las tarifas de los servicios públicos, la responsabilidad será de su gobernante", manifestó.
