La propuesta presentada por la Caja de Seguro Social (CSS), de otorgar una pensión vitalicia a los sobrevivientes del envenenamiento por el consumo de medicamentos con el tóxico dietilenglicol, ha creado un rechazo por parte del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, porque no es fruto de un estudio técnico, y no cumple el concepto de víctimas: sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
Gabriel Pascual, quien preside el Comité, dice que sus miembros la rechazan porque el problema va más allá de dinero. Es una cuestión de dignidad, de saber qué ocurrió y de resarcir el daño a los familiares de los fallecidos, de expectativa de vida y lo que se perdió con ella para los niños y jóvenes y personas afectadas en edad productiva.
Además de aprobarse en la forma planteada abriría las puertas a reformar una ley general que rige la entidad, Ley 51, cuando se creó una específica, Ley 13 del 29 de marzo de 2010.
Es una complicada batalla que se debate entre la interpretación de lo que establece la ley y la realidad que viven los envenenados. Mientras, como dice su dirigente, viven de la caridad y sienten que no ha existido voluntad para resolver su situación.
¿Por qué el Comité de Familiares se opone a la propuesta de pensión vitalicia?
Rechazamos la propuesta de la CSS porque adolece de un estudio técnico macro que nos permita determinar los elementos necesarios para los cálculos a cada una de las víctimas. Ellos ponen un tope mínimo de $235 y un máximo de $1250. Pero ese tope mínimo corresponde a un mínimo y un máximo para los menores de edad y para las personas que no han cotizado en la CSS. Eso va en detrimento de la salud, de la calidad de ese afectado y de sus familiares, porque el costo de vida sobrepasa la misma cantidad ($235), y por el otro lado nos preguntamos, ¿cómo la administración va a pensionar a la persona que ha sido pensionada o jubilada? Esta propuesta también es discriminatoria porque saca del contexto del beneficio a las personas que han fallecido, o sea a los familiares. Por el otro lado, me hacen firmar un finiquito, donde dice que una vez pensionado ya no debo demandar o interponer una demanda contra el Estado o la CSS, a pesar de que la Constitución me da la garantía y a pesar de que la administración o el Estado asume una responsabilidad en el tema de los afectados.
El argumento de la CSS es que están aceptando una compensación, por lo tanto, ya el daño es resarcido.
No es cuánta cantidad de dinero pueda realmente resarcir el daño, nosotros queremos un estudio, y debe tener elementos como la pérdida material, el daño causado, el trauma psicológico, la parte moral, la responsabilidad que le compete al Estado, esos elementos no están considerados. La pérdida de oportunidades, ¿cómo usted le puede coartar el derecho a una juventud, a un menor de edad de no seguir preparándose, cómo sabes tú que ellos no van a llegar a 10 años?
¿Qué le faltaría a la propuesta para que sea cónsona con las necesidades de los afectados?
Nosotros hemos tomado en consideración por ejemplo, cuánto se gasta en un hogar para la alimentación, y está arriba de $400. Y hemos considerado cuánto gasta un familiar cuando viene a una cita médica del interior a la capital y también las condiciones ambientales que requiere un menor o una persona afectada, adicional a la traída de alimentos de su hogar, luz, agua, y otras consideraciones, y eso está arriba de los $1500, como mínimo. Dar una propuesta de esta magnitud y proyectarla a rajatabla a 10 años, eso significa que nada más le estás dando 10 años de vida a esa persona. Yo creo que eso es jugar con la vida de las personas. No lo digo yo, lo dice el informe, el estudio que ellos hacen a 10 años.
Los 10 años que establecen para adjudicar la pensión, ¿se contradice entonces con el espíritu de que es vitalicia?
Por supuesto, ellos hacen una proyección de manera rápida, una regla de tres que hemos considerado a 10 años. Lo otro es que esto llevaría a reformar la Ley 51, lo cual se prestaría para otras cosas que en el camino quieran hacer. Nosotros no podemos permitir que utilicen el caso de los afectados por el dietilenglicol para otro tipo de objetivo que no sea de los afectados. Eso es en el fondo lo que quieren hacer y lo que quieren evitar que al final se demande al Estado, como posiblemente se vaya a dar. Van a utilizar el caso del dietilenglicol para introducir ese tipo de reformas.
¿Qué han dicho los miembros del Comité?
Que van a seguir rechazando esta propuesta.
¿Han hecho asambleas?
Por supuesto, hemos manifestado esto en reiteradas ocasiones y aquí lo que la población panameña debe entender es que no es un capricho sino que hay una terquedad del señor Marlon de Souza (subdirector de la CSS) que no ha entendido lo que es el concepto de víctima. Cuando él entienda el concepto de víctima desde el punto de vista humano, desde el punto de vista legal, entonces las cosas pueden cambiar, pero ahora están empecinados encaprichados o con el afán de que esto se apruebe para decir: “hemos hecho algo”, pero al final no han hecho nada, ni siquiera han cumplido con la Ley 13.
Cuando la propuesta vaya a la Asamblea Nacional ¿podría negociarse una pensión cónsona con los estudios técnicos que ustedes tienen?
Lo que pasa es que no existe voluntad de las autoridades de la CSS. Esto puede ser lo mismo que hizo la administración pasada. El señor Torrijos dio una ayuda humanitaria (fueron $ 6 millones repartidos en ayudas entre $30 mil a $100 mil) y no hubo compromiso de finiquito con más de 208 víctimas reconocidas y certificadas, lo que tenía que hacer esta administración es continuar con el mismo proceso hasta que la Corte decida esto.
¿Pero, es injusto, les dieron a unos y a otros no?
Nosotros le hemos dicho a la administración que continúe con el programa con aquellos casos que últimamente han sido certificados.
Los 208, ¿a qué cantidad corresponde?
Eran 400.
¿Por qué se les dio a los 208 y no a los 400?
Porque los otros eran negativos. Aquí se suspendió la ayuda puente, se suspendió la ayuda humanitaria. La ayuda puente le permitía a la gente comprar medicamentos. Mensualmente eran $140.
¿Qué le está dando la CSS?
Una ridícula pensión y el finiquito para que no reclamen nada.
Pero ¿sí les está dando atención médica?
Eso hay que analizarlo, no es como ellos dicen.
Entonces, ¿la atención de los especialistas no satisface sus demandas?
Lo primero que tenía que hacer la Caja era enviar al extranjero a funcionarios para que se especializaran en Toxicología Clínica y no lo han hecho. Manden a especializarse en ese campo para ver cómo pueden hacer para sacar el veneno del cuerpo de los afectados.
¿Las autoridades han evaluado aspectos psicológicos y académicos en los menores?
No hay nada de seguimiento en materia educativa ni en materia de salud. Por eso le estamos exigiendo al Gobierno una política, sentarnos a dialogar, buscando alternativas necesarias de cara a enfrentar eso: una mejor calidad de vida, de servicio médico hospitalario, seguimiento oportuno paciente por paciente, una pensión que le permita garantizar el alto costo de vida, en fin, una serie de cosas que de nada sirve que tengamos la ley si la administración no cumple. La Ley 13 en su artículo 4 dice: “La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud establecerán un centro de atención integral a las víctimas de la intoxicación con dietilenglicol y cualquier otros tóxicos para prestar atención médica expedita, oportuna, completa y adecuada, la cual incluye tratamientos integrales toxicológicos y dotación de medicamentos”. No hay en estos momentos dotación de medicamentos gratuitos.
¿Cómo hace si la mayoría no tiene los recursos?
Da pena decirlo. Una silla de ruedas de un familiar afectado que fallezca, le pedimos al familiar que nos done la silla para otro que está vivo. Las respuestas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) han sido nulas, no hemos recibido ni un tipo de apoyo del MIDES, que es la institución garante. Hemos enviado notas a Ferrufino (Guillermo, ministro del MIDES).
¿Cómo se podría resolver?
El único que lo puede hacer es el presidente (Ricardo Martinelli), no hay otro funcionario que lo pueda hacer, ya no hay otro.
¿Tienen fondos?
El único fondo es el cuara y cuara. En todas las reuniones pasamos el sombrero y sacamos para las copias, el megáfono lo compramos así.
¿Como se siente que pasa el tiempo y no le pueden dar respuesta? ¿Cuánta gente ha visto morir?
Hemos visto morir más de 600 personas incluyendo a mis dos familias. El año pasado 16 personas, y hemos visto gente sufrir en las camas. Llegamos a la conclusión de que no hay voluntad, no hay interés de las autoridades, independientemente de quién esté en el barco, de resolver la problemática.
