El vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, afirmó ayer que su Gobierno no suspenderá los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pese a los últimos ataques de los rebeldes, pero instó a este grupo a facilitar un pronto acuerdo sobre el derecho internacional humanitario.
"Si la guerrilla se siente con la autoridad moral para intentar gobernar algún día el país, debe respetar el derecho humanitario", dijo Bell, quien instó a la comunidad internacional a "presionar" a las FARC para que respeten a la población civil ajena al conflicto.
Esta guerrilla colombiana, la más grande y antigua del país, estableció conversaciones de paz con el Gobierno en enero de 1999 y en octubre comenzó la fase de negociaciones, sin acordar un alto el fuego.
El pasado fin de semana, la organización lanzó una ofensiva en varias poblaciones en la que murieron más de 50 personas, muchas de ellas civiles indefensos, y varios pueblos sufrieron graves destrozos.
Bell dijo no entender "cómo se habla de paz cuando se demuestra el máximo desprecio" hacia los derechos de la población civil, pero señaló que "el Estado tiene el deber de intentar una negociación para dar solución por la vía pacífica al conflicto".
Por otra parte, el comandante de la quinta división del Ejército, Euclides Vargas, infoormó que al menos 25 muertos, cinco soldados y 20 guerrilleros izquierdistas, fue el saldo hasta ayer de una operación que el Ejército mantiene desde hace una semana contra campamentos rebeldes en el caserío de San Juan de Sumapaz, unos 60 km al sur de Bogotá.
Vargas dijo a periodistas que los operativos han logrado desmantelar dos "gigantescos campamentos" con capacidad para albergar a unos 300 rebeldes de FARC, principal guerrilla colombiana.
"En estas acciones hemos logrado decomisar más de 20 toneladas de alimentos, material de guerra como granadas, proveedores (para fusil), equipos para campaña, material de intendencia y documentos que son objeto de estudio por parte de la inteligencia militar", añadió.
"Los guerrilleros salieron en huida, la operación continuará", añadió Vargas al reconocer que uno de los propósitos del operativo era perseguir a los principales jefes guerrilleros de la zona: Henry Castellanos (alias Romaña) y Marco Aurelio Buendía, "quienes todavía se encuentran en el área", según el oficial.
Vargas explicó que los operativos intentan también contrarrestar la capacidad para actuar en los alrededores de Bogotá que tienen las FARC, a las que las autoridades responsabilizan de la explosión en la última semana de dos carros bomba, en las localidades turísticas de Girardot y Cahipay.
Los rebeldes no han reivindicado la colocación de los coches bomba, que afectaron a las localidades en las que miles de capitalinos acostumbran pasar sus fines de semana.
El general Vargas dijo que sus tropas han tenido que enfrentar las difíciles condiciones del terreno, las bajas temperaturas y constantes lluvias en la zona.
Los campamentos están ubicados en la estratégica e inhóspita región de los páramos de Sumapaz, dentro del territorio del Distrito Especial que conforma la capital colombiana, que históricamente han sido controlados por las FARC.
Esta región, que comienza en las afueras de Bogotá se extiende por un centenar de kilómetros, hasta llegar cerca a los límites de una zona de distensión de 42,000 km2 que el gobierno dejó bajo el virtual control de las FARC, para facilitar las negociaciones de paz iniciadas en 1999.
