La querella número 25 contra el ahora senador vitalicio Augusto Pinochet fue presentada ayer por las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas durante su régimen militar, entre 1973 y 1990.
La denuncia fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Santiago por Patricia Cantero, hija del dirigente comunista Eduardo Cantero, secuestrado en su casa el 23 de junio de 1976 por agentes de la policía política del régimen militar para ser luego fusilado.
Sus restos aparecieron en 1990 en una fosa común en terrenos que hasta 1984 pertenecieron al Ejército en Colina, 20 kilómetros al norte de Santiago. Patricia Cantero culpó directamente a Pinochet del crimen y denunció "innumerables irregularidades" de la justicia para ocultarlo, como que el proceso incoado para investigar el caso estableció que su padre murió el 21 de marzo de 1975, es decir, un año antes de ser detenido.
Tras su apresamiento, Cantero pasó un mes en Villa Grimaldi, el centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) situado en el sector oriental de la capital chilena.
"Toda la gente que pasó por Villa Grimaldi estaba a cargo de los servicios militares, de los servicios de inteligencia que estaban directamente ligados con Pinochet, por lo tanto todas las personas que estaban en Villa Grimaldi son responsabilidad de Pinochet", dijo la hija del dirigente comunista asesinado.
Asimismo, señaló que no se puede permitir que, en el caso de su padre, quien permaneció desaparecido durante 14 años, "la justicia haya fijado, sin investigación ninguna, una fecha de defunción un año antes de que fuese secuestrado".
La querella deberá ser vista por el juez especial Juan Guzmán, quien investiga otras 24 querellas contra Pinochet, detenido en Londres desde hace ocho meses por orden del juez español Baltasar Garzón, quien ha pedido al gobierno del Reino Unido su extradición a España para ser juzgado por genocidio, torturas y terrorismo.
Las querellas contra Pinochet comenzaron a ser presentadas en enero de 1998 y el Partido Comunista fue el primero en hacerlo.
Posteriormente, se sumaron organizaciones de derechos humanos, sindicales, gremiales y partidos políticos
En su primera medida en el caso, el juez Guzmán procesó a comienzos de junio pasado a cinco militares integrantes de un comando acusado de la ejecución de 72 presos políticos después del golpe de Estado de 1973 del entonces jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, Augusto Pinochet.
Se trata de la "caravana de la muerte", dirigida por el general Sergio Arellano Stark, e integrada, entre otros, por los coroneles Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo, el brigadier Pedro Espinoza y el capitán Patricio Díaz, presos en recintos castrenses.
