Para avanzar, romper paradigmas

El país se acerca con celeridad a un punto de no retorno: o pega el salto, o involuciona hasta implosionar. Estamos en el momento justo, en el lugar correcto y no cabe más que entereza y carácter en el liderazgo público y privado y responsabilidad política de la mayoría de los ciudadanos. No hay más espacio para soluciones parciales ni para vivezas individuales.
Ante nosotros, están acumulados todos los problemas y el muro de contención evidencia rajaduras mayores. El impacto desastroso de eventos naturales o las consecuencias ofensivas de la corrupción, ponen en evidencia una cadena de responsabilidades e irresponsabilidades propias de una sociedad que se resiste a respetar la ley, que evade sus responsabilidades ciudadanas y que ha convertido en virtud el desconocimiento de las reglas e instituciones de la vida colectiva.
Lo que hoy vivimos, es la suma de lo que hemos dejado de hacer, de lo que hemos hecho mal o de lo que hemos permitido que otros hicieran por demasiado tiempo. No hay chivos expiatorios que puedan exorcizar este desafío, ni hay diatribas ideológicas que lo puedan remediar, ni mucho menos justificar.
La legitimidad social y política de la estrategia económica que se desarrolló desde finales de los años cuarenta del siglo pasado, llegó a su límite. Esa estrategia respondió a una necesidad histórica que la justificó plenamente: se trataba de sentar las bases de una economía nacional e impedir que el enclave colonial nos fagocitara. La política económica y el sistema tributario fueron desde entonces orientados para favorecer una transferencia masiva y prolongada de riqueza hacia el empresariado nacional para incentivar su inversión. Exoneraciones, subsidios, monopolios de representación, fueron las herramientas fiscales; la protección arancelaria fue la llave maestra de la política económica.
Pero como toda sobredosis, el remedio ha tenido un efecto perverso. Al modelo socio-económico, solidario y democrático, surgido del pacto social que nos legaran los liberales renovadores y los socialistas en la Constitución de 1946, le birlaron su consistencia y coherencia en el camino. Hoy nos encontramos con un desempleo insensible al crecimiento de la economía, tenemos entre las peores distribuciones de riqueza del hemisferio, un sistema tributario y fiscal que hasta hace poco echaba sobre las espaldas de los más pobres cuatro veces más carga que sobre los más ricos y que todavía premia al decil más rico con ingresos 64 veces mayores que el más pobre.
Transitar de la patria vieja a la nueva no se reduce a un slogan electoral, ni es remotamente una responsabilidad exclusiva del Presidente. Sólo la mezquindad de los dirigentes opositores de turno -los nuestros y los otros-- y la miopía de los beneficiarios de la vieja patria -los de la izquierda y los de la derecha-- pueden convertir las dificultades de este tránsito en un ariete contra la gobernabilidad y contra la legitimidad del mandato electoral.
Nada fácil la tarea de Martín Torrijos. No es apta para cobardes, ni para radicales. A su presidencia le corresponde tomar decisiones sobre asuntos impostergables, críticos, controvertidos, con una carga disruptiva tan poderosa como ambivalente.
La enorme fuerza acumulada por la crisis puede desencadenarse para permitir la reconstrucción y la revitalización del sistema socio-político panameño, como puede también inducir un desarreglo mayor en sus relaciones sociales, políticas y económicas y emponzoñar de manera irremediable la repartición de los costos y de los beneficios que se derivan de la cooperación y de la convivencia social.
La diferencia del resultado no reposa de manera exclusiva ni principal en las manos del Presidente de la República. A todos nos corresponde arremeter con decisión contra esa inveterada, cuanto refractaria, cultura administrativa fundada en el autoritarismo, el burocratismo, la discrecionalidad, la impunidad y el abuso de poder. Es responsabilidad de todos imponer un nuevo paradigma administrativo que impulse la transparencia, la planificación y el presupuesto participativo, que haga de la gestión por resultado la mejor credencial de eficiencia y eficacia en el gasto público.
Nos corresponde a todos impulsar el redimensionamiento del Estado, pero no para recortar sus ámbitos de responsabilidad ni su función social, sino para profesionalizarlo, para hacerlo más fuerte y eficaz, para convertirlo en un auténtico Estado solidario donde el empoderamiento de las comunidades y de los ciudadanos certifique su auténtica e irreversible democratización. Es una responsabilidad de todos transformar el Estado en un defensor inclaudicable del interés general, formulador de políticas, evaluador de resultados y acreditador de estándares.
Al Presidente le corresponde negociar con audacia, habilidad y responsabilidad social la inserción del país plural en la economía global; dar el golpe justo de timón para afinar el rumbo y hacer de la economía marítima el nuevo motor del desarrollo y punto de anclaje nacional del área de servicios; proceder al ordenamiento territorial, como precondición para el desarrollo del turismo, la defensa productiva del ambiente y la elevación de la calidad de vida de los habitantes de los centros urbanos. Al Presidente le toca conducir al país hacia la reforma de la red de seguridad social y abrir el espacio para un programa de reformas sucesivas y puntuales de la Constitución. Al Presidente le cabe la enorme responsabilidad de transformar la expectativa y la esperanza en una enorme fuerza política capaz de destronar la pobreza y crear oportunidades de trabajo digno y bien remunerado.
Le cabe sí a Martín Torrijos la enorme responsabilidad de transformar la expectativa y la esperanza en una formidable fuerza política capaz de destronar la pobreza, de edificar una sociedad más equitativa y más productiva, de crear trabajo digno y bien remunerado, de construir finalmente el Estado democrático y solidario legado por los constituyentes de 1946 y de crear las condiciones para el desarrollo óptimo de una economía que presenta, en el continente, la plataforma más sólida para un salto al primer mundo.
Pero por compleja y abarcadora que pueda ser la parte de esta agenda nacional que tiene en sus manos el Presidente, no menos cierto es que el destino de los panameños está fundamentalmente en nuestras propias manos, en las manos de los ciudadanos.
Elegir bien ha sido un primer y significativo paso; atiborrar las urnas con un mandato tan contundente, ha permitido delinear la orientación solidaria y democrática del cambio, así como el alcance de la confianza depositada en el Gobierno y de la responsabilidad demandada a quien disienta.
Y como transformaciones de este calibre no se pueden hacer de arriba para abajo ni viceversa y no basta con recetar que si el problema es de todos, la solución es de todos, estamos abocados a una tarea mayor que demanda madurez ciudadana, desprendimiento social y sentido de patria. Y por qué no: audacia y valentía.
Y es que en efecto, por la naturaleza y el emponzoñamiento de estos problemas, su solución no puede ser abordada mediante el recurso a la tradicional negociación de la sociedad de la desconfianza, en donde cada uno puja para acomodar sus propios intereses al margen de la viabilidad y la consistencia de la fábrica social, en una pugna de reclamos y chantajes en que cada uno está predispuesto a substraer de la mesa mucho más de lo que pone.
No puede tampoco abordarse exitosamente este desafío reeditando esa versión envilecida de la negociación que fija como condición un derecho de veto cuya verdadera intención es liquidar por anticipado toda posibilidad de solución.
Necesitamos un consenso moral. Uno donde los intereses particulares se maximicen en la realización del bien común, que optimice la distribución de los costos y beneficios de la convivencia y de la cooperación social mediante la adición, la retribución generosa de lo mucho recibido y la voluntad para adoptar una productividad social éticamente relevante: sembrar ahora sacrificios para mañana cultivar bienestar y paz. Y necesitamos un liderazgo nacional público y privado que no parpadee.
Que nadie se engañe: toda posposición, sólo aumentará el riesgo sistémico y elevará los costos a niveles insostenibles, así como todo intento de escabullir la cuota que nos corresponda o de echarla sobre las espaldas de los otros, sólo aumentará la virulencia y el desasosiego del próximo desencuentro.
No nos dejemos engañar por los libertarios criollos que piden la aniquilación del Estado solidario, ni por sus aliados neostalinistas que apuestan a la ingobernabilidad como camino para llegar al poder. Ambos tienen un denominador común que los lleva a sentarse en la misma mesa: el autoritarismo; ambos tienen un proyecto común: el caos.