Un juez de Paraguay aprobó ayer un pedido formal a Argentina para la extradición del ex general golpista Lino Oviedo.
Oviedo, de 55 años, está acusado de ser el autor moral del asesinato el 23 de marzo del vicepresidente Luis María Argaña, en un atentado callejero en Asunción.
El ex general se refugió en Argentina el 28 de marzo, el mismo día en que renunció su anterior protegido y aliado político, el presidente Raúl Cubas.
El juez Jorge Bogarín sustentó el pedido de extradición en que convenios firmados en la OEA por Argentina y Paraguay excluyen de las causales de asilo político, "el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas".
Según el magistrado, Oviedo recae plenamente bajo las causales de extradición, "de acuerdo con las disposiciones de los tratados vigentes entre las partes".
Argentina otorgó el asilo político al ex general el 29 de marzo y Oviedo se instaló primeramente en una propiedad perteneciente a un allegado del presidente Carlos Menem.
Luego se trasladó a la localidad de Moreno, en las afueras de Buenos Aires, donde recibe asiduamente la visita de sus seguidores.
Según el gobierno paraguayo, desde su residencia Oviedo trama planes de desestabilización contra el gobierno que tomó el poder tras la renuncia de Cubas.
Desde la dimisión de Cubas, el gobierno paraguayo lo integra una coalición entre el Partido Colorado (en el poder desde 1947) y las principales agrupaciones opositoras, Partido Liberal, Encuentro Nacional y Partido Febrerista.
Además del asesinato de Argaña y uno de sus guardaespaldas, a Oviedo se le acusa de ordenar la muerte de siete manifestantes opositores, abatidos a balazos por francotiradores durante la semana de crisis que costó la presidencia a su aliado.
El exhorto de Bogarín debe pasar primeramente por la Corte Suprema de Justicia y la cancillería paraguaya, antes de ser remitido al Poder Judicial argentino.
Con anterioridad, otra resolución del juez Bogarín que solicitaba la extradición de Oviedo por otro asunto penal fue rechazada por defectos de forma.
El ex general había sido condenado por un frustrado intento de golpe de estado en 1996 contra el entonces presidente Juan Wasmosy y fue sentenciado a 10 años de prisión en 1998, cuando era candidato Colorado a la presidencia para las elecciones de mayo de ese año.
Desacatando la condena judicial, Cubas lo liberó de prisión a poco de asumir la presidencia en agosto de 1998, generando la crisis que luego le costó el cargo.
Los abogados de Oviedo aseguran que tanto la condena por el intento de golpe de estado como su procesamiento por la muerte de Argaña son fruto de una persecución política.
Según fuentes judiciales, una vez recibido el pedido, la justicia argentina tiene un plazo de alrededor de un mes para responder a la solicitud.
