Hemos perdido la cuenta de los movimientos de reivindicación que se han puesto en práctica en los últimos años y que no fueron respaldados por la población. Casi nadie cree en su nobleza.
Es un fenómeno que tiene su génesis en la satanización que los propios gremialistas han promovido, de manera consciente o inconsciente, sobre los movimientos sociales debido a la mala práctica de comenzar por el final, de plantear el paro o la huelga como primera opción, para luego entrar al diálogo.
La protesta es un derecho legítimo que hay que reconocer e impulsar como componente de la libertad ciudadana, pero cuando esta afecta a terceros, hasta el punto de comprometer aspectos vitales como la salud, la alimentación o el libre tránsito, entonces caemos en un estadio pernicioso e inaceptable.
Se impone una revisión de los métodos de lucha y, sobre todo, de una actitud más fiscalizadora de los miembros de todas las organizaciones para identificar el compromiso, la honestidad y los verdaderos propósitos de sus líderes. No estamos para ser utilizados como tontos útiles y el pueblo no tolera eso.
Por más simpatía que se puede tener por una causa, nadie resiste perder una cita médica, llegar tarde a una entrevista de trabajo o no poder llegar a tiempo al colegio de sus hijos, porque una minoría decide trancarlo todo.
La mayoría de los panameños no vemos con beneplácito la repetición de estas escenas de intransigencia ni, mucho menos, esa constante e innecesaria exhibición de músculos. Tampoco se espera que profesionales preparados y dotados de recursos dialécticos más idóneos actúen con la misma precipitación y arrogancia como lo hacen sectores menos favorecidos y que sí requieren apelar a medidas de fuerza para que se les atienda.
El final siempre es el mismo: los huelguistas regresan a sus labores sin perder un real, con compromisos escritos que les garantizan su futuro, mientras que la mayoría continúa el suplicio de siempre. Así no se vale.
