El presidente colombiano, Andrés Pastrana, enfrenta un escándalo por la presunta financiación irregular de la campaña que lo llevó al poder en 1998, mientras trata de limar asperezas con la oposición política, mantener la gobernabilidad y reactivar la maltrecha economía nacional.
Pastrana -cuya gestión es desaprobada por el 72% de sus compatriotas, según una encuesta publicada el 3 de junio, y quien busca darle un "segundo aire" al esquema de paz con los poderosos grupos guerrilleros- enfrenta el escándalo justo cuando promueve un referendo anticorrupción, señalaron los comentaristas.
El senador liberal (oposición) Javier Cáceres pidió la semana pasada a la Fiscalía investigar si la campaña de Pastrana recibió 150 millones de pesos (más de 70.000 dólares al cambio actual) de una empresa de dragados (Dragacol), cuestionada por haber obtenido 26.000 millones de pesos (más de 12 millones de dólares) en una conciliación con el actual Gobierno.
A raíz de esa conciliación, que la prensa describió como una defraudación al Estado, la Fiscalía abrió en abril de 1999 una causa que involucró al ex ministro de Transporte y actual jefe del Departamento de Planeación, Mauricio Cárdenas, otros funcionarios y ex funcionarios de aquella cartera y varios responsables de Dragacol.
Once personas se hallan bajo arresto en conexión con ese caso, según fuentes judiciales. El Gobierno negó el viernes último, a través de un comunicado, que los directivos del esquema proselitista de Pastrana hubieran tenido una conducta impropia o mantenido tratos ilegales con la empresa de dragados.
No obstante, diversos parlamentarios opositores e independientes urgieron este domingo al mandatario a "aclarar" si la campaña electoral recibió fondos de la empresa Dragacol, cuyo asesor legal, el ex congresista Hugo Escobar, es una prominente figura del Partido Conservador de Pastrana y está vinculado a la causa judicial.
El jefe del opositor Partido Liberal, el senador Luis Guillermo Vélez, dijo a los reporteros que "el presidente debe dar una explicación muy concreta o, de lo contrario, tendría que someterse a un juicio en el Congreso por filtración (a su campaña) de dineros ilícitos".
A su vez, la senadora independiente Ingrid Betancourt -que apoyó la candidatura de Pastrana, pero que luego se distanció del gobernante- afirmó que el caso de la supuesta financiación irregular del esquema proselitista de Pastrana "demuestra que la corrupción se convirtió en una forma de Gobierno en Colombia".
Betancourt -que promueve la convocatoria a un referendo anticorrupción enfatizó que este caso "recuerda, aunque en otro escenario, la crisis que afectó al presidente (liberal Ernesto) Samper (quien antecedió a Pastrana)".
Samper soportó acusaciones de haber aceptado a sabiendas un millonario aporte de los narcotraficantes para financiar la campaña proselitista que lo llevó al poder, en agosto de 1994, aunque la mayoritaria bancada oficialista de Cámara de Representantes lo absolvió de tal cargo, en un juicio político que terminó en junio de 1996.
Betancourt afirmó que "en el Gobierno de Samper hubo una devolución de favores a los narcotraficantes por medio de la posibilidad de no ser extraditados (a Estados Unidos) y ahora se devuelven favores a Dragacol con dineros fraudulentos de una conciliación escandalosa".
El diario bogotano El Espectador, de orientación liberal, indicó este domingo que "la nueva explosión del caso Dragacol tan cerca de los predios presidenciales agudiza la crisis de gobernabilidad que agobia a Pastrana desde hace varios meses, sin expectativa de solución cierta".
A juicio del rotativo, "la debilidad política de Pastrana afectaría, incluso, el proceso de paz con la guerrilla".
"Las principales fichas del presidente en este frente, el alto comisionado para la paz y representante legal de la campaña electoral, Camilo Gómez, y (el negociador con los rebeldes), Fabio Valencia, tendrán que responder muchos interrogantes sobre el mismo episodio, y la guerrilla podría aprovechar esta situación para prolongar la incertidumbre", puntualizó El Espectador.
