El gobierno del presidente Andrés Pastrana anunció que no proyecta cerrar el Congreso, aunque naufrague el proyecto de ley que convoca a un referendo contra la corrupción, disuelve las cámaras legislativas y llama a nuevas elecciones de congresistas.
"El cierre del congreso es una alternativa impensable, inimaginable, dado el talento democrático del presidente Pastrana", dijo el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, durante una visita a Santa Marta, puerto sobre el Caribe, para defender la iniciativa del referendo.
"Sería una verdadera insensatez pensar que cuando estamos utilizando una vía constitucional para proponer un cambio en la política y fortalecer la democracia, alguien pudiera pensar que existe la posibilidad de hacer una ruptura del orden constitucional", agregó Martínez.
Algunos congresistas retaron a Pastrana el viernes anterior, durante el debate sobre el referendo, a que cierre de una vez el Congreso, en vez de acudir a un referendo para disolverlo y convocar a nuevas elecciones.
"Recurrir al referendo para extinguir un poder constituido es un acto fuera del ordenamiento constitucional", dijo el senador liberal Héctor Helí Rojas en el debate y lanzó el reto a Pastrana para que asuma poderes dictatoriales sin contar con el poder legislativo.
El debate sobre el referendo avanza lentamente y el Congreso tiene solo 20 días para aprobarlo o rechazarlo. La mayoría de los congresistas que pertenecen a la oposición liberal e incluso algunos amigos del gobierno conservador, han manifestado su rechazo a la convocatoria del referendo porque revoca su mandato que se extiende hasta el 2002.
El Partido Liberal de la oposición, dijo que Pastrana propuso el referendo para "buscar un mejor nivel en las encuestas", pues su impopularidad es manifiesta ante el fracaso de sus políticas económicas y de paz.
"Se trata de correr una cortina de humo", agrego Luis Guillermo Vélez, presidente del partido en una comunicación enviada el 24 de abril a la Internacional Socialista para explicar que la corrupción no es problema exclusivo del congreso, sino que se "ha generalizado especialmente en el ejecutivo".
Pastrana anunció el mes pasado la convocatoria del referendo después que los investigadores descubrieron que en la Cámara de Representantes se perdieron 2,7 millones de dólares en contratos fraudulentos en los cuales están involucrados por lo menos siete legisladores.
El escándalo se extendió al senado en donde los auditores encontraron la semana anterior que se esfumaron otros 1,5 millones de dólares en contratos ficticios o ilegales.
La reforma constitucional que propicia el referendo le quita al Congreso las facultades de manejar su propio presupuesto, limita sus aumentos salariales y de pensiones, reduce las cámaras legislativas y elimina los suplentes que asisten pocos días, con permiso de sus titulares para jubilarse con altísimos sueldos de retiro.
