El gobierno peruano se ha declarado en franca rebeldía ante los fallos de un tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y evalúa la denuncia parcial de la Convención Americana de Derechos Humanos para no verse obligado a acatar sentencias internacionales.
Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que ordena a Perú juzgar nuevamente por la vía civil a cuatro chilenos sentenciados en 1994 a cadena perpetua por terrorismo, fue el detonante de la rebeldía peruana y el inicio de un debate en torno a la conveniencia o no de que Perú se someta absolutamente a la jurisdicción de esa instancia supranacional.
El fallo de la Corte también originó una andanada de críticas por parte de las autoridades peruanas, incluido el presidente Alberto Fujimori, que calificó su sentencia como una "leguleyada" y dijo abiertamente que desacatará la sentencia.
Además, habló el viernes de la posibilidad de denunciar parcialmente la Convención, lo cual sería analizado esta semana en consejo de ministros. La decisión peruana de denunciar la Convención obedecería a la gran cantidad de casos que enfrenta Perú ante órganos jurisdiccionales de la OEA y cuya solución no le sería favorable.
Sin embargo, Julio Prado Vallejo, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -instancia previa por donde pasan las denuncias de violaciones a esos derechos- dijo hoy que el estado no podría evitar su cumplimiento.
"No puede ser que un estado detenga el examen de un caso por el simple hecho de tratar de denunciar la Convención", afirmó Prado en entrevista con la emisora CPN.
Es inminente el pronunciamiento de la Corte sobre los casos de un ex capitán del ejército peruano Gustavo Cesti, preso por presunto cobro ilegal de un seguro, y el del empresario israelí Baruch Ivcher, quien fuera despojado de su nacionalidad peruana y televisora por represalias políticas.
Además, ayer se anunció que el caso de tres ex magistrados del Tribunal Constitucional, destituidos tras oponerse a una segunda reelección de Fujimori, ha sido elevado a la Corte.
Según han alertado juristas, Perú se convertiría en una especie de "paria" internacional si desacata los fallos de ese tribunal y buscara la forma de apartarse de él, además caería en la clasificación de país violador de los derechos humanos.
"Perú quedaría condenado al leprosario internacional, tratándose de un gobierno que dio un autogolpe en 1992... y que ahora pretende ponerse al margen del sistema interamericano", comentó ayer a la
