El juez peruano, Fernando Vidal, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que Perú está "haciendo un gran papelón" ante la comunidad internacional al plantear conceptos jurídicos inexistentes para justificar su decisión de apartarse de la competencia contenciosa de ese tribunal de la OEA.
"Estamos haciendo un papelón internacional... Es un error, un disparate jurídico", sostuvo en entrevista publicada ayer por la revista Domingo del diario La República.
El magistrado cuestionó la decisión del gobierno peruano de desconocer únicamente la competencia contenciosa de la CIDH y afirmar que ello no significa su retiro del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, cuya firma sometió a Perú a la jurisdicción de la CIDH. "El gobierno no puede pretender permanecer dentro de las normas del Pacto si no reconoce al órgano encargado de velar por la aplicación de las mismas... Es una situación inédita y que no es jurídica", sostuvo Vidal. Perú anunció su voluntad de desligarse de la competencia contenciosa de la CIDH, después que ésta le ordenó juzgar nuevamente en una corte civil a cuatro chilenos condenados por terrorismo por un tribunal militar secreto en 1994.
Dijo que la resolución peruana entraría en vigencia inmediatamente una vez que fuera comunicada a la OEA, lo cual se llevó a cabo el viernes. Vidal señaló que no es posible que Perú se aparte parcialmente del Pacto de San José ni tampoco que lo haga inmediatamente.
"Esto se hace efectivo un año después", aclaró.
Afirmó que los casos peruanos a los que se ha dado trámite en la CIDH seguirán su curso, entre ellos, el del empresario israelí Baruch Ivcher, a quien el gobierno quitó su nacionalidad peruana y su televisora por represalias políticas y el de tres magistrados del Tribunal Constitucional, destituidos después que se opusieron a la segunda reelección del presidente Alberto Fujimori.
Juristas y defensores de derechos humanos advirtieron que la decisión del gobierno deja desamparados a los peruanos que se quedarán sin el único organismo jurisdiccional en el cual podían hacer valer sus derechos. Las autoridades peruanas, no obstante, señalan que la población podrá acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, afirmación que refutó Vidal al señalar que ella es apenas la instancia donde se presenta una denuncia y carece de poder coercitivo.
